Santo Domingo. La Junta Central Electoral (JCE) dejó formalmente establecido el nuevo esquema de asignación de la contribución económica del Estado a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, tras emitir la Resolución núm. 01-2026, en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
De acuerdo con la disposición, la mayor parte de los recursos públicos, equivalente al 80 % del total, será distribuida en partes iguales entre las organizaciones políticas que lograron más del 5 % de los votos válidos en el último proceso electoral. En tanto, un 12 % será destinado a los partidos que alcanzaron entre 1 % y 5 % de la votación, mientras que el 8 % restante se asignará a aquellos que obtuvieron entre 0.01 % y 1 %.
La resolución enfatiza que el acceso a estos fondos estará condicionado al cumplimiento estricto de las normas de transparencia y rendición de cuentas. En ese sentido, los partidos deberán presentar informes anuales pormenorizados sobre sus ingresos y gastos dentro de los seis meses posteriores al cierre del ejercicio presupuestario. La JCE advirtió que el incumplimiento de este requisito conllevará la suspensión automática de los desembolsos, y que los montos no entregados serán reintegrados a la Cuenta Única del Tesoro.
Asimismo, el órgano electoral recordó que los recursos estatales no podrán ser utilizados de manera discrecional, sino únicamente en actividades autorizadas por la legislación vigente. Entre ellas figuran los gastos en publicidad y propaganda política, realización de estudios de opinión, programas de control y defensa del voto, alquiler y mantenimiento de locales partidarios, así como servicios de transporte y comunicaciones, además de otros compromisos directamente vinculados a la precampaña y campaña electoral.
La JCE reiteró que el uso de estos fondos estará sujeto a supervisión y fiscalización permanente, con el objetivo de garantizar que el financiamiento público contribuya al fortalecimiento del sistema democrático, la equidad en la competencia política y la transparencia en la gestión de los recursos del Estado.
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