Santo Domingo. La Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó este jueves la prisión preventiva impuesta a Santiago Marcelo Francisco Hazim Albainy y otros imputados en la Operación Cobra, una investigación que destapó un presunto entramado de corrupción que habría desviado más de 14 mil millones de pesos del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), afectando directamente a más de siete millones de afiliados.
El procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabezó el equipo de fiscales durante las audiencias, aseguró que la decisión judicial “reafirma la fortaleza de la investigación realizada por el Ministerio Público” y subraya la gravedad de los hechos que rodean este proceso. “Es una situación calamitosa y sumamente grave; las actuaciones de los imputados y las evidencias presentadas justificaban plenamente la imposición de prisión preventiva”, declaró Camacho.
El funcionario enfatizó que este fallo constituye un estímulo para continuar el trabajo del Ministerio Público, asegurando que “todo el que haya participado en este entramado se presentará ante los tribunales”. Además, adelantó que la investigación continuará en nuevas etapas, anticipando lo que calificó como la “versión 2.0 de Operación Cobra”.
La corte, presidida por la magistrada Isis Muñoz e integrada por Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, desestimó los recursos interpuestos por Hazim y otros seis imputados —Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera— confirmando en todas sus partes la resolución que impuso 18 meses de prisión preventiva.
Asimismo, el tribunal rechazó los argumentos de inconstitucionalidad presentados por la defensa de Hazim, quienes cuestionaban la aplicación de los numerales 2 y 3 del artículo 377 del Código Procesal Penal. Los magistrados recordaron que la prisión preventiva tiene carácter cautelar, con el propósito principal de garantizar la presencia del imputado durante todas las etapas del proceso, incluida la fase intermedia y el juicio, y que ello no vulnera los límites legales establecidos.
La decisión judicial también mantiene medidas alternas —como arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país— para otros coacusados vinculados al entramado corrupto, entre ellos Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
El caso SeNaSa ha revelado uno de los esquemas de corrupción más graves en la historia reciente del país, con un impacto directo sobre la prestación de servicios de salud a millones de ciudadanos. Con esta ratificación, el Ministerio Público fortalece su posición para continuar con la investigación y llevar a todos los responsables ante la justicia, reafirmando su compromiso de transparencia y rendición de cuentas frente a la ciudadanía.
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