Santo Domingo. El Ministerio de Medio Ambiente elevó al Tribunal Constitucional (TC) un recurso de revisión con el objetivo de anular una sentencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) que ordena la actualización del Catastro Nacional de Áreas Protegidas, decisión que podría derivar en la exclusión de terrenos ubicados en la franja costera del Parque Nacional Jaragua.
El caso, que ha desatado una fuerte controversia, enfrenta directamente la visión de desarrollo turístico en el suroeste con el régimen constitucional de protección ambiental vigente en el país.
La acción legal fue interpuesta contra la sentencia 0030-1643-2025-SSEN-00786, emitida por la quinta sala del TSA, la cual acogió un amparo de cumplimiento presentado por la empresa Inversiones del Sur, S.R.L., reclamando la modificación de los límites del área protegida.
La disputa gira en torno a varias parcelas localizadas en los municipios de Oviedo y Pedernales, que según la parte demandante habrían quedado fuera del Parque Jaragua tras la promulgación de la Ley 266-04, que declaró el suroeste como polo turístico prioritario.
La sentencia del TSA ordenó al Ministerio actualizar el sistema de áreas protegidas en un plazo de 30 días, bajo amenaza de una sanción de RD$500 diarios por cada día de retraso.
Sin embargo, Medio Ambiente sostiene que esa decisión representa una amenaza directa al orden constitucional, alegando que el tribunal incurrió en una “errónea ponderación” de los elementos del expediente y que la sentencia carece de motivación suficiente.
El Ministerio fundamentó su postura en el artículo 16 de la Constitución, que establece un régimen reforzado de protección ambiental, insistiendo en que los límites de un área protegida no pueden ser reducidos sin una ley aprobada por mayoría calificada, es decir, el voto favorable de dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso Nacional.
En su recurso, la institución advirtió que acatar el fallo del TSA implicaría colocarse en una situación de “incumplimiento constitucional”, al permitir una reducción material del Parque Jaragua sin el respaldo legislativo requerido.
Asimismo, subrayó que la Ley 266-04 y la Ley 202-04 tienen objetivos distintos: mientras una impulsa la inversión turística, la otra regula el Sistema Nacional de Áreas Protegidas bajo principios de conservación y protección intergeneracional.
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