Participación Ciudadana (PC) encendió las alarmas este martes al exigir que el Ministerio de Administración Pública (MAP) y la Junta Central Electoral (JCE) investiguen con urgencia una denuncia que sacude al Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario (FEDA), donde se acusa que empleados públicos estarían siendo presuntamente obligados a entregar dinero con fines políticos.
La organización cívica advirtió que, de confirmarse, se trataría de una práctica grave y peligrosa, no solo por representar una falta administrativa que podría implicar destituciones inmediatas, sino también por constituir una violación directa a las leyes electorales de la República Dominicana.
Durante la presentación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2025, la coordinadora general de PC, Leidy Blanco García, afirmó que el Estado no puede ignorar este tipo de denuncias, ya que implican el uso de presión y abuso de poder dentro de la administración pública. Señaló que el MAP tiene la responsabilidad de investigar y sancionar, mientras que la JCE debe analizar el componente electoral de los hechos denunciados.
📌 “Si eso se comprueba, estamos ante una falta grave”, expresó García, insistiendo en que el país no puede permitir que se repitan prácticas que recuerdan viejos patrones de clientelismo y corrupción institucional.
Pero lo más delicado, según denunció, es que el caso no se limita a simples aportes voluntarios, sino que involucra amenazas y presiones contra servidores públicos para que utilicen recursos que ya han ganado con su trabajo para financiar campañas políticas. Para Participación Ciudadana, esto no solo es inmoral, sino que también constituye una acción que choca frontalmente con las normas electorales y el Código Penal.
⚠️ PC alertó que se está utilizando el miedo como mecanismo de control, obligando a empleados públicos a contribuir con dinero para sostener proyectos políticos, lo cual atenta contra la democracia, debilita la institucionalidad y convierte al Estado en una plataforma de financiamiento irregular.
La organización sostuvo que el MAP no puede quedarse como espectador y debe aplicar correctivos contundentes, incluyendo someter a los responsables a la justicia si las denuncias resultan ciertas.
📊 Presentación del IPC 2025: RD mejora, pero sigue en zona crítica
En el mismo acto, Participación Ciudadana presentó los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción 2025, elaborado por Transparencia Internacional, que mide la percepción de corrupción en el sector público a nivel mundial.
Según el informe, República Dominicana obtuvo 37 puntos y se colocó en la posición 99 de 182 países evaluados. PC destacó que el país ha mostrado un avance sostenido, ya que en 2020 registró uno de sus peores resultados con 28 puntos y el puesto 136, reflejando una mejoría por quinto año consecutivo.
En el caso del continente americano, donde participaron 33 países, República Dominicana ocupó la posición 18, siendo —según PC— el único país del continente que mostró un crecimiento constante al pasar de 28 puntos en 2020 a 37 en 2025.
❗ “Todavía no hay mucho que celebrar”
A pesar de los avances, Participación Ciudadana fue tajante: la mejoría sigue siendo limitada y el país no debe caer en triunfalismos. La organización señaló que la percepción de corrupción podría empeorar en los próximos años si continúan ocurriendo escándalos y si no se envían señales firmes de consecuencias reales.
PC insistió en que lo que se necesita es un mensaje contundente de que estos avances no son frágiles ni pasajeros, sino el resultado de instituciones fuertes y honestas, con mayor control del gasto público y con respuestas rápidas contra funcionarios involucrados en prácticas ilegales.
Finalmente, la entidad reiteró que la clave para consolidar el progreso está en una justicia que actúe con rapidez y eficacia, sin privilegios, sin lentitud y sin impunidad, contra cualquier persona a la que se le comprueben actos de corrupción.
🔥 PC dejó claro que el país no puede permitir que se normalicen prácticas corruptas, ni que el Estado sea usado como herramienta política, porque cada denuncia ignorada debilita la democracia y destruye la confianza ciudadana.
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