El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional tiene previsto examinar este jueves la revisión periódica de las medidas de coerción impuestas al exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, junto a otros seis encartados en el denominado caso de presunta corrupción administrativa.
Los imputados enfrentan cargos por su alegada implicación en una compleja estructura que habría ocasionado un perjuicio económico al Estado dominicano superior a los 15,900 millones de pesos.
La audiencia será presidida por el magistrado Deiby Timoteo Peguero, quien dirige la fase investigativa, y está pautada para las 9:00 de la mañana. En ese escenario, el tribunal ponderará si concurren los elementos necesarios para modificar la prisión preventiva de 18 meses que actualmente cumplen los procesados en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, ubicado en San Antonio de Guerra.
Además de Santiago Hazim, figuran entre los privados de libertad Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
De igual modo, el tribunal revisará la situación jurídica de Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo y el empresario Eduardo Read Estrella, quienes permanecen bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país y régimen de presentación periódica.
Cabe señalar que el pasado 5 de febrero, la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó las medidas vigentes tras desestimar los recursos interpuestos tanto por la defensa como por la Fundación Primero Justicia.
De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta red delictiva habría sido encabezada por Santiago Marcelo Hazim Albainy, operando mediante un “comité operativo” paralelo que concentraba decisiones estratégicas al margen de los canales institucionales de Senasa.
El expediente acusatorio describe que dicho mecanismo facilitaba la agilización o paralización de procesos administrativos a cambio de beneficios económicos indebidos, en franca contravención de la normativa que rige el sistema público de salud.
Las pesquisas indican que el esquema fraudulento se sustentaba en la manipulación documental, la inclusión de reclamaciones ficticias y la validación de pagos a través de facturación simulada. Asimismo, se habría recurrido a la habilitación irregular de prestadores de servicios de salud mediante sobornos, el uso de empresas de carpeta y maniobras de triangulación financiera para encubrir el origen de los fondos, presuntamente sustraídos de las reservas técnicas de la aseguradora estatal.
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