Santo Domingo.– La jueza de la Instrucción Especial, Isis Muñiz, pautó para el próximo 5 de mayo la continuación del conocimiento de la medida de coerción seguida al fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado de haber recibido la suma de 10,000 dólares como supuesto soborno de un testigo vinculado al caso Senasa.
La magistrada tiene previsto retomar la audiencia a las 2:00 de la tarde, en la que se evaluará la solicitud presentada por el Ministerio Público contra el encartado, quien permanece detenido en la carcelita preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La decisión de aplazar el proceso se produjo luego de que el pleno de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional desestimara una recusación interpuesta por la defensa del imputado en contra de la jueza Muñiz.
Cabe señalar que, previamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia se declaró incompetente para conocer dicha recusación, remitiendo el caso a la Corte de Apelación para que emitiera un fallo al respecto.
Muñiz, quien además preside la Segunda Sala Penal de la referida corte, fue objetada por los abogados del fiscal, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), bajo el alegato de una supuesta falta de imparcialidad.
El recurso de recusación fue presentado por los juristas Alberto Delgado y Valentín Medrano, quienes sostienen que la actuación de la magistrada compromete su objetividad en el proceso.
De acuerdo con la acusación, Valdez Alcántara habría recibido dinero de un testigo relacionado con una investigación sobre el Seguro Nacional de Salud (Senasa). En razón de la naturaleza de los hechos y la investidura del imputado, el órgano acusador ha solicitado la imposición de un año de prisión preventiva como medida cautelar.
El Ministerio Público argumenta que existe un elevado riesgo de que el acusado pueda interferir en el desarrollo de las pesquisas o entorpecerlas, aprovechando su condición dentro del sistema judicial.
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