Santo Domingo.– El proceso judicial seguido contra el sacerdote Anselmo Alejandro Peña Sánchez fue declarado extinguido por un tribunal de Santiago Rodríguez, luego de que la acción penal quedara prescrita al haber transcurrido más de una década desde los hechos denunciados.
La decisión judicial no implica una declaración de inocencia a favor del religioso, sino que responde a los plazos legales contemplados en la normativa penal dominicana para este tipo de acusaciones. Aunque el expediente quedó cerrado sin llegar a una fase de juicio de fondo, la Iglesia Católica informó que mantiene abierto un procedimiento interno amparado en el derecho canónico.
Las mujeres denunciantes sostienen que durante años permanecieron en silencio debido al temor, la presión emocional y el miedo a ser rechazadas socialmente. Aseguran que cuando finalmente decidieron denunciar los hechos esperaban algún tipo de respuesta institucional.
Las acusaciones están vinculadas a presuntos acontecimientos ocurridos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en Villa Los Almácigos, donde el sacerdote desarrollaba labores pastorales.
Una de las denunciantes, identificada con el nombre ficticio de María para preservar su identidad, explicó que el religioso fue estrechando vínculos con su familia hasta integrarse progresivamente a su entorno cercano.
Según relató, los comportamientos inapropiados habrían comenzado cuando ella aún era adolescente y colaboraba en actividades relacionadas con la parroquia.
“Uno se quedaba callado por la ignorancia y por la niñez”, manifestó.
Otra mujer, también bajo anonimato, afirmó que los episodios ocurrieron cuando tenía entre 13 y 14 años y que el miedo le impidió hablar durante largo tiempo.
Las denunciantes enfatizaron que su intención no era perjudicar a la Iglesia, sino evitar que otras personas pudieran atravesar experiencias similares.
“Lo único que queríamos era desenmascarar a esa persona”, expresó una de ellas.
Semanas antes de su arresto, el sacerdote fue abordado sobre las acusaciones durante una entrevista, aunque optó por no emitir declaraciones públicas respecto al caso.
Posteriormente, el tribunal determinó que los hechos denunciados habían excedido el plazo legal permitido para ejercer la persecución penal, motivo por el cual el expediente fue archivado conforme a las disposiciones vigentes.
No obstante, el obispo de la diócesis Mao-Monte Cristi, Diómedes Espinal, informó que el proceso eclesiástico continúa en curso y que el sacerdote permanece suspendido de sus funciones ministeriales desde septiembre pasado.
“Vamos a actuar conforme a lo que prescribe el derecho canónico”, señaló el prelado, quien indicó además que la diócesis dispone de una comisión especializada para investigar denuncias relacionadas con menores de edad.
De acuerdo con la Iglesia, los resultados de la investigación serán remitidos posteriormente a las autoridades eclesiásticas competentes en Roma, instancia que tendrá la decisión definitiva sobre la permanencia o eventual sanción del sacerdote dentro del ministerio religioso.
Mientras tanto, las denunciantes aseguran que aún enfrentan secuelas emocionales derivadas de los hechos y esperan que otras posibles víctimas encuentren la valentía necesaria para denunciar situaciones semejantes.
“Tal vez esto no se quede solo en un caso archivado”, expresó una de ellas.
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