El ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, emitió la Orden Departamental 011-2026, una disposición que redefine el uso de dispositivos móviles y pantallas en los centros educativos públicos y privados del país, en medio de un debate global sobre los efectos de la hiperconectividad en niños y adolescentes.
La iniciativa responde a la preocupación internacional por el impacto que el uso excesivo de celulares, redes sociales y pantallas puede tener sobre el aprendizaje, la salud emocional y la convivencia escolar. En ese contexto, De Camps sostuvo que el reto actual no es excluir la tecnología de las aulas, sino garantizar que su integración favorezca el proceso educativo y promueva una cultura digital más equilibrada y responsable.
La normativa establece que cada centro educativo deberá diseñar protocolos internos para regular el uso de dispositivos móviles. Dichos lineamientos deberán incorporarse a los manuales de convivencia y elaborarse con la participación de docentes, familias y estudiantes. Además, se impulsa la disminución del tiempo de exposición a pantallas durante la jornada escolar mediante pausas activas y actividades alternativas.
Entre las principales disposiciones figura la prohibición absoluta de teléfonos celulares personales en el Nivel Inicial. En Primaria se aplicarán restricciones específicas, mientras que en Secundaria el uso estará permitido únicamente bajo supervisión y con fines pedagógicos definidos por cada institución.
A través de la red social X, De Camps afirmó que la tecnología debe servir como herramienta para fortalecer el aprendizaje y no convertirse en un factor que afecte la atención o deteriore la convivencia escolar. Indicó además que la medida busca preservar el bienestar integral de los estudiantes y fomentar un balance saludable entre educación y entorno digital.
La orden también incorpora medidas relacionadas con privacidad y protección de datos. Queda prohibida la grabación o difusión de imágenes, videos y audios de estudiantes, docentes o personal administrativo sin autorización previa. Asimismo, contempla acciones preventivas frente al ciberacoso, la humillación digital y otras formas de violencia en espacios virtuales.
El ministro subrayó que el país necesita avanzar hacia una ciudadanía digital más consciente ante los desafíos que plantean la inteligencia artificial y la conectividad permanente. A su juicio, mientras las sociedades se vuelven más digitales, resulta aún más necesario formar personas con pensamiento crítico, responsabilidad y capacidad para convivir de manera sana tanto en entornos físicos como virtuales.
La disposición también prevé excepciones para estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo que dependan de herramientas tecnológicas para su aprendizaje o accesibilidad. Además, contempla programas de formación dirigidos a docentes, personal administrativo y familias sobre bienestar digital, protección de datos y uso responsable de la tecnología.
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