Santo Domingo.– El proceso judicial conocido como caso Calamar entró este viernes en una nueva etapa luego de que el Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional emitiera una decisión que favorece a varios de los principales imputados, mientras ordena que otros enfrenten un juicio de fondo.
Durante la lectura de la resolución correspondiente a la audiencia preliminar, la jueza Altagracia Ramírez dictó auto de no ha lugar a favor de los exfuncionarios Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta, así como de Daniel Guerrero Mena, hijo del exministro de Hacienda Donald Guerrero, al considerar que no existían elementos suficientes para enviarlos a la siguiente fase del proceso penal.
La decisión implica que estos imputados quedan desvinculados del expediente, salvo que la resolución sea recurrida por las partes interesadas dentro de los plazos establecidos por la ley.
En contraste, la magistrada ordenó la apertura a juicio contra Donald Guerrero y el dirigente político Ángel Lockward, al estimar que las imputaciones formuladas por el Ministerio Público deben ser conocidas y debatidas ante un tribunal de fondo, que será el encargado de determinar la existencia o no de responsabilidad penal.
Junto a ellos también fueron enviados a juicio Agustín Mejía Ávila, Princesa Alexandra García Medina, Juan Tomás Polanco Céspedes, Julián Omar Fernández Figueroa, Kimberly Salas Martínez, Natalie Hernández Guzmán y Luis Miguel Piccirilo, además de varias empresas vinculadas al expediente.
La resolución marca el cierre de una de las etapas más importantes del proceso, en la que el tribunal examina la validez de las pruebas recopiladas por el órgano acusador y decide cuáles imputados deben responder en un juicio público y contradictorio.
El Ministerio Público sostiene que los acusados formaban parte de una presunta red que habría gestionado pagos irregulares con recursos del Estado mediante distintos mecanismos administrativos, en lo que las autoridades han descrito como uno de los expedientes de alegada corrupción administrativa más trascendentales de los últimos años.
Concluida la audiencia preliminar, el caso queda dividido entre los favorecidos con el auto de no ha lugar y aquellos que deberán comparecer ante un tribunal de juicio, escenario donde se presentarán las pruebas documentales, testimoniales y periciales para determinar la procedencia o no de las acusaciones.
La decisión constituye un punto de inflexión dentro del denominado caso Calamar y abre una nueva fase judicial que podría extenderse durante varios meses, dada la complejidad del expediente y la cantidad de personas involucradas.
Deja una respuesta