Santo Domingo.– El presidente de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Pelegrín Castillo Semán, denunció este jueves la existencia de una presunta trama orientada a socavar el orden institucional y la gobernabilidad de la República Dominicana mediante acciones que, a su juicio, buscan que el Tribunal Constitucional desconozca disposiciones fundamentales de la Carta Magna.
Castillo sostuvo que diversos actores nacionales e internacionales estarían impulsando iniciativas para que el alto tribunal emita decisiones que contradigan lo establecido en la Constitución, particularmente en materias relacionadas con la vida, la familia, la nacionalidad y la extranjería.
El dirigente político afirmó que los recursos de inconstitucionalidad y los documentos de apoyo presentados contra artículos del recientemente aprobado Código Penal persiguen, en esencia, que el Tribunal Constitucional otorgue primacía a agendas internacionales sobre el marco constitucional dominicano.
Según explicó, una eventual decisión en esa dirección abriría paso a transformaciones profundas en el ordenamiento jurídico nacional y sentaría precedentes que podrían afectar aspectos sensibles de la soberanía y la autodeterminación del país.
“Si el Tribunal Constitucional accediera a esas pretensiones, el orden constitucional y legal dominicano quedaría subordinado a decisiones impulsadas desde centros de poder externos, lo que provocaría una grave crisis de legitimidad institucional y de gobernabilidad”, expresó Castillo.
El también vicepresidente de la Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA) consideró que el proceso ha sido desarrollado con un alto nivel de planificación y discreción, y advirtió sobre lo que definió como intentos de introducir cambios jurídicos que afectarían valores tradicionales de la sociedad dominicana.
Asimismo, el exlegislador y exasambleísta constituyente planteó que aquellos magistrados del Tribunal Constitucional que hayan tenido vínculos previos con organizaciones involucradas en el debate deberían evaluar su inhibición para garantizar la transparencia y la confianza pública en el proceso.
En ese sentido, mencionó el caso de la magistrada Sonia Díaz Inoa, indicando que, por razones de prudencia institucional, debería considerar apartarse del conocimiento del expediente.
Castillo también hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a cualquier acción que, según su criterio, pueda comprometer la soberanía nacional, el Estado de derecho y la capacidad del país para adoptar decisiones conforme a su Constitución y sus intereses nacionales.
Finalmente, sostuvo que la defensa de la integridad demográfica constituye un elemento esencial para la preservación de la identidad nacional, y afirmó que este tema debe ser asumido con la misma importancia que la protección de la integridad territorial de la República Dominicana.
Deja una respuesta