El Tribunal Constitucional (TC) dejó en estado de fallo 21 acciones directas de inconstitucionalidad, entre ellas una que impugna varios artículos de la Ley 74-25, que establece el nuevo Código Penal, con el propósito de procurar la despenalización del aborto en determinadas circunstancias.
Tras escuchar los argumentos de las partes involucradas, el presidente de la alta corte, el magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier, informó que el expediente quedó listo para decisión. No obstante, debido a la complejidad, relevancia jurídica y trascendencia social del tema, el tribunal otorgó plazos extraordinarios para que los sectores participantes amplíen y respondan sus planteamientos antes de emitir una sentencia definitiva.
La medida concede cinco días hábiles a los accionantes y a quienes respaldan su posición para presentar observaciones complementarias. Concluido ese período, se abrirá otro plazo igual para que la parte demandada y los intervinientes contrarios a la acción respondan a los escritos depositados. Finalizada esta fase, el TC procederá a emitir su fallo conforme a los términos establecidos por la ley.
Durante la audiencia, la Procuraduría General de la República solicitó rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada por Rosa Herminia Hernández, la Alianza Cristiana Dominicana y Católicas por el Derecho a Decidir. El Ministerio Público argumentó que la demanda pretende imponer una interpretación extensiva de tratados internacionales en contradicción con el artículo 37 de la Constitución, que protege la vida desde la concepción.
Asimismo, la Procuraduría defendió la coherencia jurídica y bioética del nuevo Código Penal, sustentándolo en la protección de la vida, el respeto a la dignidad humana y las eximentes previstas para situaciones excepcionales. En la misma línea, representantes del Senado y de la Cámara de Diputados respaldaron la constitucionalidad de la ley y sostuvieron que su aprobación se realizó conforme al ordenamiento constitucional.
En contraste, juristas y entidades que favorecen la inclusión de las llamadas “tres causales”, entre ellos el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), argumentaron que la penalización absoluta del aborto vulnera derechos fundamentales como la salud, la dignidad, la igualdad y la integridad personal. Entre sus planteamientos figura la modificación de disposiciones del Código Penal para permitir la interrupción del embarazo cuando exista peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal o embarazo producto de violación o incesto.
Por su parte, organizaciones religiosas y comunitarias identificadas con la defensa de la vida desde la concepción reclamaron su derecho a participar en el proceso y rechazaron cualquier intento de excluirlas por razones procesales. Sus representantes sostuvieron que la presencia de estos sectores fortalece el debate constitucional y solicitaron al Tribunal Constitucional rechazar la acción que busca flexibilizar las disposiciones sobre el aborto contenidas en el nuevo Código Penal.
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