En un paso orientado a robustecer la estabilidad macroeconómica y mitigar los efectos derivados de la compleja coyuntura internacional, el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 30-26, una pieza legislativa que incorpora un conjunto de medidas de simplificación tributaria y estímulo al crecimiento económico, concebidas dentro del Plan Anticrisis impulsado por el Gobierno para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La nueva normativa introduce modificaciones de amplio alcance al régimen fiscal dominicano, particularmente en lo relativo al Código Tributario. Entre sus principales disposiciones figura la creación de mecanismos especiales para la regularización de obligaciones pendientes, mediante acuerdos de pago dirigidos a contribuyentes con deudas fiscales, así como la redefinición de plazos y la clarificación de los recargos por mora. Además, establece un interés indemnizatorio calculado sobre la base de la tasa activa promedio fijada por el Banco Central, aplicable a las obligaciones tributarias vencidas.
Uno de los aspectos más relevantes de la legislación es la implementación de una amnistía fiscal extraordinaria, destinada a facilitar la normalización de obligaciones tributarias acumuladas. Bajo este esquema, los contribuyentes podrán saldar sus deudas pagando el impuesto principal y hasta un año de recargos e intereses, siempre que renuncien a procesos administrativos o judiciales en curso. Esta facilidad estará disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.
En materia de impuesto sobre la renta, la ley redefine la estructura de tributación para las personas físicas a partir del año 2027, mediante una escala progresiva que exime de gravamen los ingresos anuales de hasta RD$480,000 y aplica tasas escalonadas que oscilan entre un 15 % y un 27 %, dependiendo del nivel de renta. Para las personas jurídicas, se consolida una tasa única de 27 %, vigente desde el ejercicio fiscal correspondiente al año 2026.
La legislación también incorpora un impuesto único del 10 % sobre las ganancias de capital derivadas de operaciones inmobiliarias, contemplando exenciones para quienes reinviertan dichos recursos en la adquisición de una nueva vivienda habitual. De igual forma, amplía el universo de rentas sujetas a tributación, incluyendo ingresos provenientes de asistencia técnica, consultorías especializadas y servicios digitales, en consonancia con las transformaciones de la economía moderna.
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