SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público depositó este martes la solicitud de medida de coerción contra los tres principales implicados en la denominada Operación Onco14, una investigación que destapó un presunto entramado de fraude y desfalco que habría afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), mediante el desvío de recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
La procuraduría solicita 18 meses de prisión preventiva para Héctor Antonio Lora Cruceta, ex presidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como para su actual esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez. Además, pide que el caso sea declarado complejo debido a la magnitud de los hechos investigados y a la severidad de las posibles sanciones.
La audiencia se desarrolló ante la jueza Estéfani Reyes, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Tras varias horas de debates, la magistrada dispuso un nuevo receso y fijó la continuación del conocimiento de la medida para el jueves 25 de junio a las 4:00 de la tarde, cuando las partes agotarán la fase de réplica y contrarréplica.
De acuerdo con la acusación preliminar, los imputados habrían utilizado diversas estructuras y entidades para ejecutar maniobras fraudulentas orientadas a la distracción de fondos. Entre las irregularidades investigadas figuran supuestos fraudes clínicos y farmacéuticos, doble facturación al SeNaSa, comercialización de medicamentos donados, reembolsos irregulares, sobornos, uso indebido de exenciones fiscales, lavado de activos y otras prácticas ilícitas.
Las pesquisas también señalan que las empresas y fundaciones vinculadas a los acusados habrían servido para canalizar recursos de manera irregular, incluyendo cobros por servicios y medicamentos presuntamente no suministrados a pacientes del centro oncológico. Asimismo, se investigan asignaciones de salarios, viáticos y beneficios considerados improcedentes.
La Operación Onco14 fue ejecutada por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal. Durante los allanamientos fueron ocupados dinero en efectivo, documentos, equipos electrónicos, vehículos, un arma de fuego y otras evidencias relacionadas con el caso.
Los procesados enfrentan imputaciones por asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, soborno, delitos tecnológicos y lavado de activos, entre otros cargos contemplados en la legislación dominicana.
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