El fiscal Aurelio Valdez Alcántara continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres luego de que fracasara su intento de obtener la revisión de la medida de coerción que lo mantiene bajo prisión preventiva por tres meses, mientras avanza el proceso judicial en su contra por presuntos actos de corrupción.
La decisión fue adoptada por la jueza Nancy Joaquín, de la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien dejó sin efecto la audiencia programada para revisar la medida cautelar. La magistrada acogió una solicitud presentada por el Ministerio Público, representado por el fiscal Eduardo Velázquez, bajo el argumento de que la prisión preventiva ya había sido confirmada recientemente por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.
El tribunal fundamentó su resolución en las disposiciones del artículo 243 del Código Procesal Penal, que establece el reinicio de los plazos cuando alguna de las partes interpone recursos o apelaciones relacionados con la medida impuesta.
Al concluir la audiencia, el director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, explicó que la revisión obligatoria de la coerción fue reprogramada para el próximo 3 de septiembre debido a las actuaciones procesales recientes promovidas por la defensa.
Camacho también rechazó los planteamientos de los abogados del imputado sobre supuestos elementos de arraigo y sostuvo que tanto el tribunal que conoció inicialmente el caso como varios magistrados de la Suprema Corte han considerado que la prisión preventiva sigue siendo la medida más adecuada para garantizar el proceso.
Valdez Alcántara enfrenta acusaciones por presuntas violaciones al Código Penal y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. De acuerdo con el expediente elaborado por el Ministerio Público, el funcionario habría solicitado inicialmente US$200,000 a una persona bajo investigación, suma que posteriormente redujo a US$150,000, además de requerir un reloj Rolex y un vehículo Mercedes-Benz.
Las autoridades sostienen que el fiscal fue arrestado en flagrante delito durante una operación de entrega controlada, cuando presuntamente recibía US$10,000 en efectivo, hecho que dio origen al proceso judicial que actualmente enfrenta.
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