SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público presentó formalmente ante la justicia una solicitud de medida de coerción consistente en prisión preventiva contra el cabo de la Policía Nacional José Francisco Moreta Heredia, señalado como responsable de la muerte a tiros del joven Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 18 años, ocurrida el pasado viernes en Herrera, Santo Domingo Oeste.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó el caso como un hecho sumamente grave y adelantó que los representantes del órgano acusador pedirían la imposición de la medida más severa prevista en esta etapa del proceso por la presunta comisión de homicidio voluntario.
La instancia fue depositada la tarde del sábado ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste. La audiencia para conocer la solicitud quedó programada para el lunes 6 de julio de 2026 a las 12:00 del mediodía.
Según la acusación preliminar, el incidente se produjo alrededor de las 5:00 de la tarde mientras el agente realizaba labores de patrullaje en el sector La Cañada de Guajimía. En ese momento, Moreta Heredia se encontraba inspeccionando a Fénix Junior Ceballos Guzmán, quien conducía una motocicleta propiedad de Mercado Reyes.
La investigación sostiene que cuando la víctima se aproximó para informar que el vehículo le pertenecía, el agente policial presuntamente accionó su arma de fuego y le disparó en el tórax, provocándole la muerte en el lugar, de acuerdo con los datos contenidos en el acta de levantamiento del cadáver.
Las autoridades indicaron que parte de la secuencia de los hechos habría sido captada por Ceballos Guzmán mediante un teléfono celular. El dispositivo será sometido a análisis pericial por parte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para extraer y verificar su contenido audiovisual.
El órgano de persecución penal atribuye al imputado la presunta violación de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano, disposiciones que sancionan el homicidio voluntario. Asimismo, argumenta que dispone de evidencias suficientes para sustentar la imputación y que existen riesgos procesales que justifican la imposición de prisión preventiva mientras avanza la investigación.
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