Santo Domingo.– El Congreso Nacional aprobó este viernes dos contratos de financiamiento por un monto conjunto de US$465 millones, equivalentes a más de RD$27,000 millones, recursos que serán destinados a proyectos de seguridad vial y manejo de recursos hídricos en el país.
La autorización legislativa quedó completada luego de que el Senado de la República diera su visto bueno a los empréstitos, previamente sancionados por la Cámara de Diputados. Con esta decisión, el Poder Ejecutivo queda facultado para formalizar los acuerdos suscritos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Durante las votaciones, los legisladores de los partidos Fuerza del Pueblo (FP), de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Dominicano (PRD) expresaron su rechazo a ambas iniciativas. No obstante, la mayoría oficialista respaldó las operaciones de crédito impulsadas por el gobierno del presidente Luis Abinader.
Uno de los préstamos, por US$200 millones, será destinado a la ejecución del Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial, bajo la responsabilidad del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant). La iniciativa busca reducir la incidencia de accidentes de tránsito mediante intervenciones en puntos críticos de la red vial, mejoras en entornos escolares, fortalecimiento de la fiscalización y programas de asistencia a víctimas.
El informe favorable presentado por la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados destaca que el proyecto contempla acciones orientadas a promover una movilidad más segura y eficiente, además de reforzar los mecanismos de educación vial en todo el territorio nacional.
El segundo financiamiento, ascendente a US$265 millones, estará dirigido al Plan de Manejo de la Cuenca del Río Yuna, una iniciativa que será ejecutada por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi). El objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta ante inundaciones y otros fenómenos asociados al cambio climático en las comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca.
Según la comunicación remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso, los recursos permitirán desarrollar obras y acciones encaminadas a incrementar la resiliencia de las zonas vulnerables, contribuyendo a la protección de infraestructuras, actividades productivas y poblaciones expuestas a riesgos hidrológicos.
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