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Por Jhon Sánchez.
Las propuestas de eliminar el voto de los dominicanos residentes en el exterior, bajo el argumento de su costo y de la baja participación electoral, deben ser rechazadas de manera firme. Este derecho no depende de la conveniencia política ni de cálculos presupuestarios: está protegido por la Constitución de la República y por la Ley 20-23, que reconocen el sufragio de los ciudadanos dominicanos que viven fuera del país y establecen la elección de siete diputados de ultramar.
La diáspora dominicana no solo participa en la vida política nacional, sino que también representa uno de los principales pilares de la economía del país. Durante 2025 y el primer semestre de 2026, los dominicanos residentes en el exterior enviaron más de US$18,000 millones en remesas. A esto se suma su aporte mediante inversiones, el pago de impuestos, la promoción del turismo, la creación de vínculos comerciales y el respaldo permanente a sus familias y comunidades, especialmente en momentos de crisis.
Por esa razón, resulta injusto que se cuestione su derecho al voto precisamente por el costo de organizar las elecciones en el exterior. La participación electoral puede haber disminuido, pero la solución no consiste en eliminar el derecho, sino en identificar y corregir las dificultades que enfrentan los votantes. Entre ellas se encuentran la distancia de los centros de votación, la falta de información, los problemas de empadronamiento, las dificultades para actualizar documentos y las limitaciones de transporte.
El Estado tiene la obligación de garantizar procesos electorales eficientes, transparentes, accesibles y confiables. Si existen fallas logísticas o administrativas, estas deben ser atendidas con planificación, inversión responsable y rendición de cuentas. No se puede utilizar la baja participación como excusa para excluir a cientos de miles de ciudadanos dominicanos del ejercicio de un derecho fundamental.
En 2024, más de 863,000 dominicanos estaban inscritos para votar en el exterior, una población electoral superior a la de casi todas las provincias del país. Se trata de una comunidad numerosa, organizada y profundamente vinculada con la República Dominicana. Pretender que todos esos ciudadanos viajen al territorio nacional para ejercer su derecho convertiría el voto en un privilegio reservado únicamente para quienes tengan los recursos económicos y el tiempo necesarios para hacerlo.
El costo de organizar las elecciones debe administrarse con austeridad, eficiencia y transparencia, pero nunca puede utilizarse como argumento para eliminar un derecho constitucional. La democracia tiene costos, y garantizar la participación de los ciudadanos, sin importar dónde residan, forma parte de las responsabilidades esenciales del Estado.
El voto exterior no es una recompensa por las remesas ni una concesión otorgada a la diáspora. Es un derecho ciudadano y una conquista de la comunidad dominicana, que durante décadas ha contribuido al desarrollo económico, social y cultural del país. Por eso, la discusión nacional debe centrarse en cómo fortalecerlo, no en cómo eliminarlo.
Se necesitan más centros de votación, mejores mecanismos de empadronamiento, campañas permanentes de educación electoral, facilidades para obtener y renovar documentos, mayor coordinación con las comunidades dominicanas y sistemas seguros y transparentes que permitan aumentar la participación.
La diáspora no es una carga para la República Dominicana. Es una parte esencial de la nación, una fuerza económica y social que mantiene vínculos permanentes con el país. El voto dominicano en el exterior no se elimina: se respeta, se protege y se fortalece.
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