La Cámara de Diputados expresó este miércoles su profunda preocupación por las denuncias de abusos y maltratos cometidos contra niños, niñas y adolescentes en la Fundación Restaurando Vidas, ubicada en Haina, provincia San Cristóbal, y reclamó una investigación exhaustiva que permita esclarecer tanto los hechos denunciados como las posibles fallas institucionales que habrían facilitado la continuidad de las operaciones del centro.
Durante la jornada legislativa, representantes de distintas bancadas coincidieron en que la protección de la niñez no puede limitarse a inspecciones o advertencias aisladas, sino que requiere mecanismos efectivos de supervisión, seguimiento y cumplimiento de las decisiones adoptadas por las autoridades competentes. En ese sentido, consideraron que el caso debe sentar un precedente en la defensa de los derechos de los menores en el país.
La Comisión Permanente de Niñez y Familia, presidida por la diputada Nelsa Shoraya Suárez, recordó que el establecimiento carecía de la habilitación legal necesaria para ofrecer servicios residenciales a menores de edad y que ya había sido intervenido por las autoridades en septiembre de 2025 tras detectarse irregularidades. Para los legisladores, este antecedente obliga a determinar qué acciones fueron ejecutadas después de aquella intervención y por qué el centro continuó operando con menores bajo su custodia.
Asimismo, la comisión solicitó a las instituciones responsables, especialmente al Ministerio Público, ofrecer informaciones detalladas sobre las medidas adoptadas tras la actuación del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), las entidades notificadas y las razones por las que, pese a las alertas previas, fueron hallados nuevamente menores en el lugar.
Los diputados subrayaron que estas inquietudes no buscan adelantar juicios sobre posibles responsabilidades, sino evaluar el funcionamiento de los mecanismos de protección estatal cuando se evidencian fallas en el sistema. De igual manera, respaldaron una investigación rigurosa y respetuosa del debido proceso para establecer las responsabilidades individuales correspondientes.
Finalmente, la comisión planteó la necesidad de revisar integralmente el sistema nacional de habilitación, supervisión y control de las instituciones que ofrecen atención o alojamiento a niños, niñas y adolescentes, con el propósito de garantizar que todas operen conforme a la normativa vigente y evitar que centros intervenidos o inhabilitados continúen prestando servicios de manera irregular.
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