SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra 25 personas vinculadas a la denominada Operación Senasa 2.0-A, una investigación que persigue el desmantelamiento de una presunta estructura que habría utilizado facturaciones irregulares de servicios médicos para obtener recursos de manera fraudulenta en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
La petición fue presentada ante el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional mediante un expediente de 525 páginas depositado por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), cuyos titulares, Wilson Camacho y Mirna Ortiz, encabezan las investigaciones. El órgano acusador también requirió que el proceso sea declarado complejo.
De acuerdo con las autoridades, la pesquisa se encuentra en una nueva etapa tras detectarse líneas adicionales relacionadas con la presunta sustracción de fondos públicos. La procuradora de corte Mirna Ortiz explicó que el esquema investigado consistía en gestionar cobros a Senasa por consultas, procedimientos y servicios médicos que supuestamente nunca fueron prestados a los afiliados.
La representante del Ministerio Público indicó que la alegada práctica no solo habría generado pérdidas económicas para la aseguradora estatal, sino que también impactó la cobertura disponible de numerosos asegurados, al consumirse montos acreditados en sus pólizas mediante procedimientos que, según la acusación, no fueron realizados.
Los 25 imputados permanecen bajo custodia en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mientras se conoce la solicitud de medida de coerción. Entre ellos figuran exempleados de Senasa, profesionales de la medicina y particulares señalados por su presunta participación en la estructura investigada.
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada por Senasa el 28 de noviembre de 2024, relacionada con supuestas irregularidades en la aprobación de servicios médicos. Según las pesquisas, entre enero de 2021 y septiembre de 2024 se habrían utilizado diversos números telefónicos para gestionar autorizaciones de consultas, cirugías y procedimientos ambulatorios a través del centro de llamadas de la institución.
Las autoridades sostienen que muchas de estas autorizaciones no eran reconocidas por los afiliados cuyos seguros fueron utilizados, maniobra que habría ocasionado un perjuicio económico preliminar estimado en alrededor de RD$40 millones.
Los arrestos y allanamientos realizados como parte de la Operación Senasa 2.0-A fueron autorizados por la jueza Ana Lee Florimón, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, mientras el Ministerio Público continúa ampliando las investigaciones y no descarta incluir nuevas personas o entidades en el expediente.
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