Santo Domingo, R.D.– La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) obtuvo una nueva victoria judicial con la sentencia TC/0634/25, emitida el 14 de agosto por el Tribunal Constitucional, que ordena mejoras inmediatas en el Centro de Corrección y Rehabilitación San Felipe, en Puerto Plata, para garantizar condiciones humanas y dignas a los internos.
La decisión responde a una acción de amparo presentada por la Defensa Pública y dispone medidas claves, entre ellas:
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Garantizar atención médica oportuna a los internos, incluso en casos de agresión por parte de agentes penitenciarios.
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Prevenir la sobrepoblación en la celda de reflexión y asegurar condiciones mínimas de ventilación, higiene y salubridad.
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Hacer cumplir la Constitución y la Ley núm. 113-21 sobre el Sistema Penitenciario y Correccional, garantizando el respeto irrestricto a los derechos humanos.
El fallo también obliga a la dirección del centro a presentar, en un plazo de 90 días, un informe detallado a la Unidad de Seguimiento de Ejecución de Sentencias (USES) sobre los avances en su cumplimiento.
El director nacional de la ONDP, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, calificó la decisión como “un precedente fundamental en la lucha contra las condiciones indignas en las cárceles”, al tiempo que reiteró el compromiso institucional de defender los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
Asimismo, exhortó a la Procuraduría General de la República y a la Dirección de Prisiones a eliminar todas las llamadas “celdas de reflexión”, a las que definió como “un verdadero hoyo del infierno, donde no debería permanecer un ser humano ni 30 segundos”.
Con esta sentencia, la Defensa Pública reafirma su rol como garante de la dignidad humana, el acceso a la justicia y la protección de los sectores más vulnerables frente al sistema penal.
Sobre la ONDP
La Oficina Nacional de Defensa Pública es un órgano constitucional del sistema de justicia dominicano que brinda, de manera gratuita y a nivel nacional, defensa técnica y acceso al debido proceso a las personas en conflicto con la ley penal que no cuentan con recursos para contratar un abogado, asegurando así el respeto a los derechos humanos.
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