Santo Domingo.– El Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional decidió posponer el conocimiento de fondo de 21 incidentes promovidos por los abogados del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, y otros procesados en el expediente por presunta corrupción administrativa.
Las magistradas acogieron el planteamiento del Ministerio Público de reservar el análisis de esos recursos para la etapa de fondo del juicio, al considerar que los cuestionamientos formulados requieren una valoración conjunta de los hechos, las pruebas y las circunstancias particulares atribuidas a cada acusado.
Entre los aspectos controvertidos figuran la legalidad y obtención de las evidencias, la posible prescripción de los hechos, la individualización de las conductas imputadas, la validez de la acusación y el origen de los derechos de propiedad sobre los bienes que fueron incautados.
La determinación provocó nuevos desacuerdos entre las partes, particularmente por el plazo concedido a las defensas para presentar recursos de oposición. Los representantes legales reclamaron seis días, en lugar de los tres establecidos inicialmente por el tribunal.
Ante la controversia, las juezas dispusieron que los argumentos de ambas partes sean debatidos oralmente este miércoles 4 de noviembre, a partir de las 9:00 de la mañana.
El tribunal, presidido por Yissel Soto e integrado por Clara Castillo y Jarolyn Elizabeth Rosario López, fijó para el 11 de noviembre la continuación del proceso judicial.
Acusación millonaria
El Ministerio Público atribuye a Rodríguez y a los demás encartados un presunto entramado de corrupción que habría operado durante su gestión al frente de la Procuraduría General de la República, entre 2016 y 2020.
De acuerdo con la acusación, las operaciones investigadas habrían provocado un perjuicio económico superior a los RD$6,000 millones al Estado dominicano. El expediente contempla imputaciones por presunto desfalco, soborno, estafa contra el Estado, corrupción administrativa y lavado de activos.
Los señalados deberán responder ante los tribunales por los hechos que les atribuye el órgano acusador, mientras continúa el desarrollo del proceso judicial.
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