El artículo 154 del nuevo Código Penal dominicano contempla penas de uno a dos años de prisión y multas de tres a seis salarios mínimos del sector público para quienes profieran amenazas de muerte bajo circunstancias que hagan creíble la posibilidad de que puedan materializarse. Esta disposición podría aplicarse al caso de Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, detenido por su presunta vinculación con la planificación de un atentado contra el presidente Luis Abinader.
El Ministerio Público acusa al imputado de terrorismo y solicitó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción. La investigación procura establecer las circunstancias de las supuestas amenazas contra el mandatario y determinar si existieron acciones dirigidas a concretar un ataque.
La legislación establece que las amenazas pueden manifestarse mediante palabras, escritos, imágenes, gestos o cualquier otro mecanismo, siempre que las condiciones del caso permitan considerar verosímil la intención de causar daño.
Posibles sanciones por delitos más graves
Además de esa calificación, el expediente podría derivar en imputaciones de mayor gravedad si las autoridades logran demostrar que hubo actos materiales encaminados a ejecutar un atentado contra el jefe de Estado.
El artículo 92 del nuevo Código Penal establece penas de 30 a 40 años de prisión para el homicidio agravado contra el presidente de la República. A su vez, el artículo 14 dispone que la tentativa de una infracción muy grave puede recibir la misma sanción prevista para el delito consumado.
Para que esa figura pueda configurarse, tendría que acreditarse no solo la intención de quitarle la vida al mandatario, sino también el inicio de la ejecución del hecho y que este no se concretara por circunstancias ajenas a la voluntad del presunto autor.
De igual manera, el artículo 380 contempla condenas de 20 a 30 años de prisión para atentados que, mediante actos de violencia, pongan en peligro el carácter civil, republicano, democrático y representativo del Estado dominicano.
Los investigadores también podrían examinar posibles infracciones vinculadas con armas, explosivos o sustancias peligrosas. No obstante, el proceso deberá establecer las diferencias entre amenazas, preparación de un delito, acuerdos para cometerlo y actos de ejecución, debido a que cada conducta tiene requisitos penales específicos.
Así se produjo el arresto
De acuerdo con los documentos judiciales, el supuesto atentado habría sido programado para el 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución. Los organismos de inteligencia habrían advertido previamente sobre las presuntas intenciones del investigado.
De la Cruz Sosa fue arrestado el martes 3 de noviembre, durante un allanamiento en su vivienda, situada en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.
Las autoridades también intervinieron la Ferretería Molina, establecimiento donde el detenido trabajaba hasta el momento de su apresamiento, aunque no se ha informado si fue desvinculado de esa empresa.
Durante los operativos, el Ministerio Público ocupó equipos electrónicos y sustancias químicas que serán sometidos a análisis para determinar si guardan relación con los hechos bajo investigación.
Las diligencias fueron autorizadas por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, a solicitud de fiscales de esa jurisdicción. En la orden judicial de allanamiento, el tribunal de Atención Permanente hace referencia a una investigación sobre la presunta planificación de un «atentado terrorista» contra el presidente de la República.
El caso permanece a la espera de que el tribunal fije la fecha para conocer la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
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