Santo Domingo. La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó la prisión preventiva que pesa sobre siete de los ocho procesados que recurrieron la medida de coerción dentro de la segunda etapa de las investigaciones por presuntos actos de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), identificada como SeNaSa 2.0-A.
La decisión fue adoptada por el tribunal integrado por la magistrada Ysis Muñiz, quien lo preside, junto a los jueces Teófilo Andújar e Ingrid Fernández. Los magistrados acogieron parcialmente los recursos de apelación y ordenaron que permanezcan en prisión Ysabel Heredia Vallejo, Wander Manuel Díaz Encarnación, Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, Angeury Guzmán Vásquez, Juan Henry Poueriet, Laura Altagracia Santana Evangelista y Hanna Rashell Rodríguez Almanzar.
Los siete encartados deberán continuar privados de libertad en los centros penitenciarios Las Parras y Najayo-Mujeres, de acuerdo con el recinto que corresponda a cada uno.
En cambio, los jueces dispusieron modificar la medida de coerción que había sido impuesta a Elsa Evelyn De la Rosa Vásquez, a quien favorecieron con arresto domiciliario, colocación de un dispositivo electrónico de vigilancia y el pago de una garantía económica.
Al referirse al fallo, el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, explicó que la variación de la medida obedeció, entre otros aspectos, a que la imputada cambió su posición respecto a los hechos que se le atribuyen y pasó a admitirlos, a diferencia de lo que había sostenido durante etapas anteriores del proceso.
El equipo del Ministerio Público que intervino en la audiencia también estuvo integrado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz; los fiscales litigantes Yudelka Holguín y Alexis Piña Echavarría, además del procurador de Corte José Manuel Aguiló.
Los procesados comparecieron ante los jueces de la jurisdicción de alzada, instalada en el edificio de la Jurisdicción Inmobiliaria, con la intención de conseguir que se revocara la prisión preventiva ordenada inicialmente por el magistrado Rigoberto Sena, juez del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Las impugnaciones fueron interpuestas por sus respectivos representantes legales, entre ellos los abogados Bernardo Santiago, Harol Alberto Echavarría Gómez, Rafael Segundo Ortega Grullón y Omar Chapman.
Otros procesados cumplen medidas menos restrictivas
Dentro de la misma investigación hay otros encartados a quienes se les impusieron medidas de coerción distintas a la prisión preventiva, entre ellas el arresto domiciliario.
En ese grupo figuran Heidy Coronado, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Marcelino Eusebio Figuereo, Víctor Felipe Rodríguez García, Ray Ernesto Mercedes Lugo, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Keila Beatriz Acosta Leonardo.
Por otro lado, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, Griselda Altagracia Basora Ramírez, Keila Beatriz Acosta Leonardo y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo recibieron una garantía económica ascendente a dos millones de pesos, que deberán cubrir mediante una compañía aseguradora. A estos también se les impuso impedimento de salida del territorio nacional.
En el caso de Martha María Saldaña Saldaña, la medida establecida contempla una garantía económica de tres millones de pesos, a través de una aseguradora, impedimento de salida del país y arresto domiciliario.
De igual manera, José Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito y Yocaira Antonia Méndez Beltré deberán cumplir garantías económicas de un millón de pesos cada uno, además de impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades judiciales.
Ministerio Público investiga presunto fraude contra SeNaSa
El expediente SeNaSa 2.0-A corresponde a una segunda fase de las pesquisas que desarrolla el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades y maniobras de corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud.
De acuerdo con la investigación, las autoridades procuran desarticular una presunta estructura que habría perjudicado económicamente al Estado mediante la facturación y posterior cobro de servicios médicos que nunca se habrían realizado, la utilización fraudulenta de identidades de afiliados y la manipulación de las bases de datos de la aseguradora pública.
Las indagatorias se originaron a partir de una denuncia depositada por la propia institución el 28 de noviembre de 2024, durante la administración de Santiago Hazim, luego de que fueran identificadas anomalías en los procedimientos de autorización de servicios médicos.
A partir de esa denuncia, el órgano persecutor procura establecer el grado de responsabilidad individual de cada uno de los involucrados, así como cuantificar el impacto económico de las operaciones fraudulentas que presuntamente habrían comprometido fondos públicos destinados a garantizar la prestación de servicios de salud a los afiliados de SeNaSa.
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