SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia Duarte aplazó para el próximo martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra Delvinson De la Cruz Sosa, de 29 años, señalado por las autoridades de presuntamente amenazar con perpetrar un atentado contra el presidente Luis Abinader.
Durante su traslado al tribunal, el imputado rechazó las acusaciones en su contra. Entretanto, sus familiares salieron en su defensa y aseguraron que no se trata de una persona vinculada a actividades delictivas, sino de un hombre trabajador.
De la Cruz Sosa fue detenido el pasado martes mediante una orden judicial, durante un allanamiento realizado en un apartamento del segundo nivel de una vivienda localizada en la calle Joaquín Balaguer, del sector Vista del Valle, en San Francisco de Macorís, donde reside. La intervención se produjo luego de que las autoridades recibieran informaciones sobre supuestas amenazas dirigidas contra la figura del jefe de Estado.
Como parte de las diligencias investigativas, el Ministerio Público también intervino la Ferretería Molina, establecimiento situado en la avenida Profesor Juan Bosch, en el mismo sector, donde trabaja el imputado.
La orden de arresto fue solicitada por los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar ante la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial de San Francisco de Macorís.
Según el expediente, los organismos de inteligencia habían identificado y advertido sobre las presuntas intenciones de De la Cruz Sosa.
Investigación sobre un supuesto atentado
En la solicitud de autorización para los allanamientos, el Ministerio Público indicó que las pesquisas estaban dirigidas a localizar dispositivos electrónicos, entre ellos teléfonos celulares, tabletas y computadoras, así como armas de fuego, pertrechos militares, posibles artefactos explosivos y cualquier otro elemento que pudiera aportar evidencias relacionadas con los hechos investigados.
Durante los operativos fueron ocupados equipos electrónicos y sustancias químicas, que actualmente son objeto de evaluación como parte de las pruebas que las autoridades vinculan con la presunta intención de llevar a cabo las amenazas.
Al conceder la autorización para los allanamientos, la magistrada fundamentó su decisión en una investigación relacionada con la planificación de un supuesto atentado terrorista contra el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona.
De acuerdo con el documento judicial, el hecho habría estado previsto para el 6 de noviembre de 2026, en la sede del Congreso Nacional, durante los actos conmemorativos del Día de la Constitución. La referencia aparece en una solicitud fechada el 16 de octubre de 2026.
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