Santo Domingo.– El Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conocerá el 17 de noviembre el inicio del juicio preliminar contra Hugo Beras, José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez) y los demás acusados en el escandaloso caso “Operación Camaleón”, que implica cargos de sabotaje, terrorismo, fraude y corrupción administrativa en perjuicio del Estado dominicano.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) formalizó acusación contra diez personas físicas y siete empresas, señaladas como parte de una red criminal que operó desde el Intrant y el Ministerio de Defensa, mediante contratos amañados, desvío de fondos públicos y manipulación tecnológica de sistemas del tránsito y la seguridad vial.
Entre los principales imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochy Gómez), propietario de Aurix S.A.S. y presunto eje del entramado; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología. También fueron acusados Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Las empresas Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., INPROSOL S.R.L., OML Inversiones S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Industria Soltex Dominicana S.R.L. y Dekolor S.R.L. habrían sido utilizadas como vehículos financieros para lavado de activos, sabotaje tecnológico y desfalco de recursos públicos.
De acuerdo con el expediente, Gómez Canaán dirigía un entramado de empresas interconectadas que obtuvo contratos fraudulentos y alteró sistemas críticos de semáforos y videovigilancia del Estado, con el presunto aval y la participación directa de Hugo Beras en las adjudicaciones irregulares.
El Ministerio Público califica el expediente como una de las estructuras de corrupción tecnológica más complejas y peligrosas descubiertas en los últimos años, combinando sabotaje digital, fraude estatal y lavado de activos mediante operaciones corporativas simuladas.
La jueza Fátima Veloz ya declaró el proceso complejo en octubre de 2024, imponiendo medidas de coerción que incluyen prisión preventiva y presentación periódica a varios de los acusados.
Si la acusación es admitida, el expediente pasará a juicio de fondo, donde los implicados enfrentarán cargos por corrupción administrativa, delitos de alta tecnología, lavado de activos, terrorismo y contrabando, conforme al Código Penal y las leyes especiales vigentes en la República Dominicana.
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