Santo Domingo. El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional conocerá el próximo 17 de noviembre el juicio preliminar contra el exdirector del Intrant, Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y otros ocho imputados en el entramado de corrupción Operación Camaleón.
La audiencia fue programada por la jueza Yanibet Rivas, quien instruyó a la secretaría del tribunal notificar la decisión al Ministerio Público y a las defensas de los encartados. El caso fue apoderado al tribunal tras la remisión dispuesta por la jueza coordinadora de instrucción, Kenya Romero, luego de que la magistrada Patricia Padilla se desapoderara del expediente.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) acusa a diez personas físicas y siete empresas de conformar una red dedicada a la corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, sabotaje tecnológico y lavado de activos, mediante maniobras ilícitas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Ministerio de Defensa.
Según la acusación, el eje central del entramado es Gómez Canaán, quien controlaba empresas como Dekolor S.R.L., PagoRD Xchange S.R.L., Transcore Latam S.R.L. y Aurix S.A.S., utilizadas para desviar fondos públicos, alterar sistemas semafóricos y lavar activos bajo apariencia de contratos de tecnología vial.
El expediente vincula además a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso, por su rol en la manipulación de licitaciones, falsificación de documentos, desvío de recursos y ocultamiento de capitales.
El Ministerio Público sostiene que Beras, en su condición de director del Intrant, facilitó adjudicaciones fraudulentas y permitió el acceso irregular a la red semafórica y de videovigilancia del Gran Santo Domingo, comprometiendo la seguridad vial y tecnológica del Estado.
El caso fue declarado complejo en octubre de 2024 por la jueza Fátima Veloz, quien impuso medidas de coerción a los principales imputados.
Las empresas involucradas —Transcore Latam, PagoRD Xchange, Dekolor, Aurix, Inprosol, OML Inversiones e Industria Soltex Dominicana— están acusadas de fungir como vehículos de lavado, contrabando, apropiación de fondos públicos y sabotaje tecnológico, mediante contratos amañados y operaciones financieras opacas.
La audiencia preliminar del 17 de noviembre definirá si el grupo enfrentará juicio de fondo por los delitos imputados en uno de los casos de corrupción tecnológica más amplios detectados en la administración pública reciente.
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