Santo Domingo.– El Ministerio Público solicitó prisión preventiva como medida de coerción contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy y otros imputados en el presunto entramado de corrupción que habría desfalcado al Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, afirmó la madrugada de este sábado que la prisión preventiva es la medida más adecuada, al considerar la gravedad de los hechos imputados. “Ahora deben pagar por sus atrocidades; a estas personas les estamos solicitando prisión preventiva, que entendemos es la medida correcta para este proceso”, expresó.
Camacho explicó que el órgano persecutor concluyó la lectura de la solicitud de medida de coerción en el marco de la denominada operación Cobra, mediante la cual se pide prisión preventiva contra Hazim Albainy y otros involucrados en la red que afectó a la ARS estatal, la cual brinda cobertura a más de siete millones de dominicanos.
Recordó que el entramado, que habría ocasionado un desfalco superior a los 15 mil millones de pesos, presuntamente era liderado por Santiago Hazim, exdirector de Senasa.
Pasada la 1:00 de la madrugada, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que se dará a conocer la decisión sobre la medida de coerción.
El Ministerio Público solicitó 18 meses de prisión preventiva para varios de los imputados, además de que el caso sea declarado de tramitación compleja, debido a la pluralidad de víctimas y el impacto nacional del supuesto fraude.
Durante la audiencia, tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal, según confirmó Camacho, señalando que esta información ya había sido divulgada por los propios abogados de la defensa.
Entre los procesados que presuntamente recibieron más de dos mil millones de pesos en sobornos figuran, además de Hazim, el exconsultor jurídico de Senasa, Germán Robles.
El pasado jueves, el Ministerio Público depositó un expediente probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimoniales y diversas periciales. La audiencia continuó el viernes con la presentación de las defensas y la réplica del órgano acusador.
Al grupo se le imputan, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
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