Santo Domingo.– El presidente del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Federico Antún Batlle (Quique), expresó que la auténtica transparencia en la gestión estatal no se reduce a cumplir formalidades legales ni a divulgar reportes, sino que se refleja en una administración eficaz, responsable y enfocada en resguardar los recursos que pertenecen a toda la ciudadanía.
Antún Batlle señaló que gobernar con transparencia implica impedir el despilfarro, el desfalco y el uso inadecuado de los bienes del Estado, especialmente cuando estas irregularidades son cometidas por funcionarios subalternos bajo la tolerancia, indiferencia o complicidad de quienes ostentan cargos superiores.
“Gestionar con eficiencia supone adoptar decisiones oportunas, bien planificadas y orientadas al interés colectivo”, afirmó, al destacar que cada peso del erario debe responder a una necesidad legítima y a un propósito claramente establecido.
Advirtió que cuando los fondos públicos se desperdician en gastos superfluos, contratos inflados o iniciativas mal estructuradas, no solo se perjudica la economía nacional, sino que también se debilita la credibilidad de la población en las instituciones del Estado.
En ese contexto, el dirigente reformista subrayó que la eficiencia es un principio ético y un deber moral de todo servidor público, ya que la correcta administración de los recursos es parte esencial del ejercicio del poder.
“El despilfarro y el desfalco no surgen por casualidad; son consecuencia de controles frágiles, supervisión ineficiente y, en muchos casos, de una cultura permisiva frente a la corrupción”, sostuvo.
Antún Batlle afirmó que un gestor verdaderamente transparente no puede excusarse alegando desconocimiento de las acciones de su equipo, ya que dirigir conlleva supervisar, auditar, corregir y aplicar sanciones cuando corresponda.
“La ausencia de control constituye una forma de negligencia que resulta tan perjudicial como la corrupción directa”, puntualizó.
Asimismo, indicó que el uso indebido de los recursos públicos también se manifiesta en prácticas como la asignación discrecional de fondos, el clientelismo y la utilización política de los bienes estatales, las cuales —dijo— desvirtúan la función pública y convierten la administración en un mecanismo al servicio de intereses particulares.
Recalcó que la transparencia requiere normas claras, procesos abiertos y criterios técnicos que aseguren igualdad de oportunidades y un manejo racional del patrimonio público.
De igual manera, resaltó que la rendición de cuentas es un componente esencial de la transparencia, al enfatizar que los funcionarios tienen la obligación de explicar cómo, por qué y para qué se emplean los recursos del Estado.
“La rendición de cuentas no debe asumirse como una amenaza, sino como una vía para fortalecer la institucionalidad y evidenciar compromiso con la legalidad y la eficiencia”, afirmó.
Añadió que cuando la información pública es accesible y comprensible, la sociedad puede ejercer de manera efectiva su papel de fiscalización y participación democrática.
“En definitiva, la transparencia no es un lema ni una consigna política, sino una práctica cotidiana sustentada en la eficiencia, el control y la responsabilidad. Administrar correctamente es proteger los recursos públicos, evitar el despilfarro y actuar con firmeza ante el desfalco y el mal uso cometido por subalternos”, concluyó.
Finalmente, aseguró que solo a través de una gestión pública honesta y eficiente es posible construir un Estado confiable, sólido y verdaderamente orientado al desarrollo nacional y al bienestar colectivo.
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