Santo Domingo. La Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Este impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra José Antonio Glass, señalado como el presunto responsable de un crimen que ha sacudido profundamente a la sociedad dominicana: el rapto, la violación y posterior asesinato de un niño de apenas 10 años de edad en el sector Los Mina.
La decisión fue adoptada por la jueza Karen Casado, quien dispuso que el imputado cumpla la medida en la Penitenciaría Nacional de La Victoria, al considerar suficientes los elementos de prueba presentados por el Ministerio Público para sostener la acusación en esta etapa inicial del proceso.
Entre las evidencias que sustentan el expediente se incluyen grabaciones de cámaras de seguridad que vinculan directamente al encartado con los hechos, así como testimonios de vecinos y allegados que dieron cuenta de los momentos previos y posteriores al crimen. A ello se suma la confesión del propio acusado, lo que ha fortalecido la acusación fiscal y dio peso a la solicitud de prisión preventiva.
El caso reviste mayor gravedad al conocerse que Glass había cumplido en 2009 una condena de 15 años por violación, lo que no solo incrementa la indignación social, sino que también plantea cuestionamientos sobre la reincidencia y los mecanismos de seguimiento a personas con antecedentes de delitos sexuales.
La noticia ha provocado un profundo estado de consternación en la comunidad de Los Mina, donde vecinos y familiares de la víctima reclaman justicia y expresan temor por la seguridad de los niños y adolescentes en el entorno. Líderes comunitarios calificaron el hecho como una tragedia que desnuda la vulnerabilidad de los menores frente a individuos reincidentes.
Por su parte, el Ministerio Público aseguró que las investigaciones continúan con el propósito de garantizar que se haga justicia y que el caso llegue a los tribunales con un expediente sólido. La institución enfatizó que se trata de un crimen atroz que “ha enlutado al país entero y que merece la máxima sanción establecida en las leyes”.
Mientras tanto, sectores de la sociedad civil han comenzado a exigir una revisión más estricta de las medidas de reinserción y supervisión aplicadas a personas condenadas por delitos sexuales, a fin de evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.
Este lamentable episodio se suma a la lista de casos recientes que han encendido las alarmas sobre la protección de la niñez en la República Dominicana, reabriendo el debate sobre políticas públicas de prevención, acompañamiento familiar y vigilancia de agresores sexuales.
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