Santo Domingo, martes 28 de octubre de 2025. A medio año de la puesta en marcha y profundización de las 15 medidas migratorias del gobierno de Luis Abinader, el Colectivo Migración y Derechos Humanos de la República Dominicana presentó un informe crítico en el que advierte sobre violaciones a derechos fundamentales, impactos económicos negativos y riesgos sanitarios que afectan tanto a personas migrantes como a la población en general.
La organización exigió regularización, formalización laboral y transparencia institucional, y rechazó las propuestas oficiales que buscan restringir la movilidad interna de los migrantes.
“El país necesita una política migratoria humana, organizada y sostenible: regularizar, formalizar e integrar, no castigar y precarizar”, subrayó el Colectivo.
Violaciones de derechos y prácticas arbitrarias
El documento detalla detenciones arbitrarias, deportaciones colectivas y malos tratos, incluidos casos de violencia sexual durante operativos. También denuncia falta de debido proceso, ausencia de información y separaciones familiares, con impactos más graves en mujeres, niñas y niños.
El Colectivo responsabiliza a la Dirección General de Migración (DGM) por operativos opacos que —según indica— fomentan la corrupción, con cobros ilegales para evitar deportaciones o reingresar tras expulsiones, en ocasiones con la complicidad de agentes estatales. Estas prácticas, afirma, erosionan la confianza pública y deterioran la imagen internacional del país.
Cuestionamientos institucionales
En el plano político, la organización cuestiona el uso discrecional del Consejo Económico y Social (CES), al que atribuye modificaciones metodológicas y presuntos vetos a actores sociales, lo que —a su juicio— distorsiona la representación y debilita la participación ciudadana.
El Colectivo reclama reglas claras, deliberación plural y rendición de cuentas en todas las decisiones relacionadas con migración y seguridad fronteriza.
Golpe a la economía real
El informe advierte que el sector construcción, altamente dependiente de mano de obra migrante, registró una caída interanual en el primer semestre de 2025, en contraste con el crecimiento sostenido del año anterior.
Aunque el Gobierno aumentó el gasto de capital, el Colectivo sostiene que sin mecanismos de contratación formal y regularización efectiva, la productividad y la competitividad seguirán afectadas.
Cita experiencias regionales que demuestran que la formalización de trabajadores migrantes mejora la productividad, la recaudación y la estabilidad de los sectores estratégicos.
Riesgos sanitarios y derechos reproductivos
El Colectivo alerta sobre protocolos hospitalarios que disuaden a migrantes de buscar atención médica, al vincular el acceso a servicios con posibles deportaciones.
Esta situación, advierte, vulnera el derecho a la salud y pone en riesgo la protección colectiva frente a enfermedades prevenibles, especialmente en la vacunación infantil y la atención a mujeres embarazadas y puérperas.
La organización exige acceso universal sin discriminación, en coherencia con los estándares internacionales y los compromisos nacionales de inmunización.
Medidas con “rasgos neoesclavistas”
El Colectivo calificó de retroceso grave la propuesta de la DGM de incluir en los documentos de residencia limitaciones geográficas y laborales, que restringirían la movilidad interna de las personas extranjeras.
A su entender, esta medida —que contraviene el artículo 41 de la Constitución Dominicana— reduce el poder de negociación de los trabajadores, facilita abusos y fomenta la retención de documentos, afectando además la productividad y los aportes al sistema de seguridad social.
El grupo pidió archivar definitivamente la iniciativa y abrir un proceso de consulta pública.
Corrupción y pérdida de confianza
El énfasis punitivo, los trámites restrictivos y las expulsiones masivas han generado cuellos de botella para empleadores, trabajadores y familias, ampliando la informalidad y la vulnerabilidad social.
Las reiteradas denuncias de corrupción, agrega el Colectivo, obligan al Estado a investigar, sancionar y transparentar el gasto de los operativos con trazabilidad, control externo y auditoría social.
Cuatro medidas para corregir el rumbo
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Derechos y debido proceso: identificación, información y defensa efectiva; prohibición de deportaciones colectivas y perfilamiento racial; protección reforzada a la niñez y prohibición de aprehensión de gestantes en hospitales.
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Regularización laboral y seguridad social: mecanismos ágiles para contratación formal en construcción, agricultura y trabajo doméstico; desvincular el estatus del territorio o empleador; fortalecer la inspección laboral.
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Acceso sanitario universal: revisión de protocolos, vacunación sin barreras y coordinación con el Ministerio de Salud Pública y la OPS.
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Transparencia y control: publicación de costos, criterios y evaluaciones; participación plural; registro migratorio interoperable con protección de datos y monitoreo independiente.
“Solo una política migratoria humana, organizada y sostenible hará posible una República Dominicana más justa y segura, donde todas las personas —migrantes y dominicanas— vivan y trabajen con dignidad”, concluyó el Colectivo.
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