Santo Domingo.– La defensa del exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, lanzó un duro ataque contra la decisión judicial que lo envió a prisión preventiva, al considerar que viola derechos fundamentales y se apoya en criterios “morales y personales”, no en fundamentos legales.
El abogado Miguel Valerio informó que presentó formalmente una apelación ante la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, solicitando la anulación total de la medida impuesta por el juez Rigoberto Sena.
“No es una decisión jurídica, es un juicio moral”
Valerio sostuvo que la resolución dictada por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente carece de motivación jurídica válida y está plagada de referencias bíblicas, literarias y valoraciones subjetivas que, a su juicio, desnaturalizan el rol del juez.
“No es derecho, son apreciaciones morales. Eso hace la decisión anulable”, afirmó.
El jurista rechazó que conceptos como supuesta avaricia, traición a la patria o deslealtad moral puedan servir de base legal para imponer prisión preventiva.
“Se convirtió en una condena anticipada”
Según la defensa, el tribunal reconoció que Hazim tiene arraigo suficiente y que el Ministerio Público no demostró riesgo de fuga ni peligro de destrucción de pruebas, los dos únicos fines legales de una medida de coerción de este tipo.
Aun así, se le impuso una prisión preventiva por un plazo que duplica el tiempo otorgado para la investigación, lo que —advirtió Valerio— viola el artículo 232 del Código Procesal Penal y convierte la medida en una pena anticipada.
“La prisión preventiva dejó de ser procesal y pasó a ser un castigo”, subrayó.
Alarma por su estado de salud
La defensa también alertó sobre la condición médica del exfuncionario, quien padece esclerosis múltiple, una enfermedad crónica y degenerativa del sistema nervioso central.
Valerio explicó que el imputado recibe tratamiento especializado con Ocrevus, mediante infusiones periódicas, y que su interrupción podría provocar un deterioro irreversible de su movilidad, incluso paraplejia.
Aunque el juez reconoció la enfermedad, descartó peligro de muerte inmediata, una valoración que el abogado calificó de “insensible e insuficiente”.
Piden revocación total
La defensa concluyó que la resolución número 0668-2025-SMDC-02421 viola la tutela judicial efectiva, el debido proceso y la imparcialidad judicial, por lo que solicitó a la Corte de Apelación su revocación total e inmediata.
El caso ahora queda en manos del tribunal de alzada, mientras crece la polémica en torno a una decisión que, según la defensa, “cruza la línea entre justicia y castigo”.
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