Santo Domingo. El presidente Luis Abinader oficializó, mediante el Decreto núm. 1-26, la designación de Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia y de Jorge Subero Isa como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, en una decisión orientada a fortalecer la estructura institucional y asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico del Estado.
Con el nombramiento de Subero Isa, el Poder Ejecutivo incorpora a la consultoría jurídica a un jurista de amplia solvencia profesional, encargado de ofrecer asesoría legal directa a la Presidencia y de velar por la constitucionalidad y legalidad de las actuaciones gubernamentales.
Subero Isa encabezó la Suprema Corte de Justicia y el Consejo del Poder Judicial durante catorce años, entre 1997 y 2011, etapa en la que lideró procesos de modernización judicial, impulsó la carrera judicial y contribuyó al afianzamiento de la independencia del Poder Judicial. Su trayectoria incluye además la docencia universitaria, conferencias especializadas y una vasta producción académica en derecho constitucional y administrativo.
La designación de Peralta Romero se produce en cumplimiento de la Ley núm. 80-25, Orgánica del Ministerio de Justicia, promulgada en agosto de 2025, como parte del proceso de consolidación de esta nueva cartera, llamada a desempeñar un rol estratégico en la coordinación del sistema de justicia y la defensa del Estado de derecho.
Peralta Romero es abogado litigante y consultor con experiencia en el sector público y privado, especializado en materia electoral. Ha ocupado relevantes posiciones gremiales, entre ellas vicepresidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana y secretario general de la Asociación de Abogados de la República Dominicana.
Es doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), y posee una maestría en Derecho Administrativo y Gestión Municipal por la Universidad de Castilla-La Mancha, España. Hasta su reciente designación, se desempeñaba como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, cargo asumido mediante el Decreto núm. 324-20, del 16 de agosto de 2020.
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