Por: Victoria Cardiel/ ACI Prensa.
La Comisión Pontificia para la Protección de los Menores del Vaticano da voz en su último informe a las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia que denuncian la persistencia de la “cultura del silencio”, así como lentitud de la justicia y otras fallas graves como “represalias” contra quienes denuncian.
El segundo informe anual elaborado por la Pontificia Comisión para la Protección de los Menores, organismo creado por el Papa Francisco en 2014, recoge testimonios de víctimas y sobrevivientes y pide reforzar la transparencia en los procesos de investigación y sanción de abusos sexuales dentro de la Iglesia.
El documento constata que las comunidades eclesiales tienden aún a referirse al abuso sólo como un “pecado” y no como un “delito”. “No deberíamos tener que vivir con la incertidumbre sobre si los perpetradores realmente se hacen responsables por el daño causado”, expresa una de las víctimas en el documento.
La comisión constata que continúa en activo la práctica de trasladar a los perpetradores a otras diócesis, lo que representa una forma de obstrucción de la justicia y un riesgo de nuevos abusos. En ese sentido, recomienda el “desarrollo de protocolos sólidos” para hacer frente a los culpables.
Evaluaciones psiquiátricas a sacerdotes
Otro de los reclamos constantes de las víctimas es la “verificación rigurosa de antecedentes penales y psicológicos” para todo el personal de la Iglesia. Las víctimas piden, según el informe, que haya “evaluaciones psiquiátricas antes y durante el ministerio sacerdotal”, así como la investigación de antecedentes de todo el personal no clerical que tenga contacto con menores o adultos vulnerables.
Por otro lado, se subraya la urgencia de una mayor celeridad en la “destitución” de los responsables eclesiales que han cometido abusos o que han encubierto los casos y advierte de que las víctimas tienen un “derecho fundamental a acceder a información sobre su caso” que no se está respetando.
El informe señala que es esencial “reconocer el daño causado, ofrecer disculpas genuinas y adoptar medidas significativas para prevenir futuros abusos”.
Sin embargo, alerta de que “en muchos casos, las víctimas/sobrevivientes informan que la Iglesia ha respondido con acuerdos vacíos, gestos teatrales falsos y una negativa persistente a colaborar de buena fe”.
Una novedad destacada de esta segunda edición es la incorporación formal de la voz de las víctimas mediante el denominado Grupo Focal de Víctimas/Sobrevivientes del Reporte Anual.
En la primera edición de este informe anual se puso en marcha este método de escucha individual a las víctimas en el continente americano, pero ahora se ha ampliado a todas las regiones del mundo. La comisión enfatiza que “escuchar a las víctimas/sobrevivientes y reconocer sus experiencias es un paso fundamental hacia la justicia y la reparación”.
Entre los hallazgos más preocupantes, el informe señala que muchas víctimas mencionan una “fuerte resistencia” de algunos líderes de la Iglesia “a implementar reformas de salvaguardia”, lo que genera inconsistencias entre diócesis y abre lagunas que pueden favorecer la impunidad de los abusadores.
Como señala una víctima, “la falta de coherencia entre las diócesis permite que los abusadores actúen sin ser detectados”.
La comisión también recoge testimonio sobre la persistencia de la “cultura del silencio, la práctica de culpar a la víctima y los estigmas que impiden que las personas denuncien el abuso”.
Una víctima relató: “Después de que hablé, mi propia parroquia se volvió contra mí. La gente decía que yo estaba tratando de destruir la reputación del sacerdote”.
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