Villa Altagracia, República Dominicana.– A más de tres años de la muerte violenta del exdeportista Santos Cecilio Batista, sus familiares, amigos y comunitarios alzan la voz ante lo que califican como una inaceptable dilación judicial, exigiendo el arresto y sometimiento inmediato de Anny Margarita Laureano Reyes, alias “La Fiscal”, señalada como responsable del crimen.
Los parientes de la víctima denunciaron públicamente que, pese a existir una orden de arresto vigente emitida por el Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de Villa Altagracia en julio de 2025, la acusada continúa en libertad, lo que consideran una afrenta a la justicia y una muestra de trato desigual ante la ley.
De acuerdo con la orden de arresto No. 2025-AJ0042713, Anny Margarita Laureano Reyes, quien mantenía una relación sentimental con el hoy occiso, es investigada por la presunta violación de los artículos 295, 296, 297, 298, 302 y 303 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio agravado.
El expediente judicial establece que el hecho ocurrió el 26 de junio de 2022, en una residencia del sector Vista Hermosa, en Villa Altagracia, donde Santos Cecilio Batista fue atacado brutalmente con un arma blanca, recibiendo decenas de estocadas en cuello, tórax, rostro y cabeza, provocándole heridas mortales, según el informe de la autopsia forense.
El documento judicial también hace referencia a presuntos intentos de manipulación de la escena del crimen, incluyendo la sustracción de pertenencias personales de la víctima, con la finalidad de simular un robo, lo que agrava aún más la gravedad del caso.
Durante una protesta realizada frente a la Fiscalía de Villa Altagracia, los familiares expresaron su indignación, dolor y cansancio, denunciando que han pasado más de tres años sin respuestas concretas, mientras el caso permanece sin una acción contundente por parte de las autoridades.
“No estamos pidiendo favores, estamos exigiendo justicia. Aquí hay una orden de arresto, hay pruebas y hay una familia destruida que sigue esperando”, expresaron los manifestantes.
Los denunciantes advirtieron que no cesarán en su lucha hasta que el caso sea debidamente judicializado y llamaron a la Procuraduría General de la República, al Ministerio Público y a los organismos de derechos humanos a intervenir, para evitar que este crimen quede en la impunidad.
Asimismo, alertaron a la opinión pública nacional sobre la necesidad de que la ley se aplique sin privilegios ni excepciones, independientemente de la identidad o el apodo de la persona acusada.
El caso ha retomado fuerza en la agenda pública tras su difusión en redes sociales y medios digitales, convirtiéndose en un clamor social por justicia para el exdeportista villaltagraciano.
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