Santiago. El Juzgado de Atención Permanente impuso una garantía económica de 500 mil pesos y presentación periódica a tres colaboradoras del colegio Leonardo Da Vinci, implicadas en la investigación por la muerte de la estudiante Stephora Anne-Mircie Joseph durante una excursión escolar. Una cuarta acusada fue puesta en libertad al no encontrarse elementos que la vincularan al hecho.
Las medidas alcanzan a Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora; y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.
En cambio, la coordinadora general, Gisela González, quedó libre tras considerar el tribunal que no existe prueba alguna que la relacione con el caso, además de que sus arraigos —incluyendo no haber estado presente en la hacienda donde ocurrió el deceso— descartan la necesidad de coerción, según explicó su abogada, María del Pilar Zuleta.
La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná, adelantó que el Ministerio Público apelará la decisión por no estar conforme. Los representantes legales de la familia de la menor también expresaron desacuerdo, aunque dijeron respetar el dictamen, insistiendo en que la jueza determinó que los principales responsables no fueron incluidos en la solicitud de coerción.
La primera audiencia, pautada originalmente para el martes, había sido aplazada para permitir a la defensa de la familia depositar documentos esenciales y para notificar formalmente a la madre de Stephora, además de otorgar tiempo para revisar el expediente entregado el lunes en horas de la tarde.
El Ministerio Público acusa a las empleadas del centro educativo de homicidio involuntario y negligencia.
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