Santo Domingo. El presidente Luis Abinader declaró emergencia nacional las compras y contrataciones públicas destinadas a atender los graves daños ocasionados por la tormenta tropical Melissa, que impactó severamente el Distrito Nacional y 14 provincias, transformándose luego en huracán.
La disposición, contenida en el Decreto núm. 627-25, autoriza a más de veinte instituciones del Estado a realizar procesos de adquisición mediante el procedimiento de excepción por emergencia nacional, con el fin de reparar infraestructuras, restablecer servicios esenciales y asistir a las familias afectadas.
Entre las entidades facultadas figuran los ministerios de Obras Públicas, Vivienda, Educación, Agricultura, Interior y Policía, Turismo y Salud Pública, junto al Servicio Nacional de Salud (SNS), Promese/Cal, Inapa, Indrhi, Propeep, las empresas distribuidoras de electricidad (Edesur, Edenorte y Edeeste), la ETED, la Caasd y la Defensa Civil, entre otras.
La declaratoria tendrá una vigencia de 30 días, durante los cuales las instituciones deberán rendir informes a la Contraloría General y a la Cámara de Cuentas, además de publicar sus operaciones en el Portal Transaccional de Compras y Contrataciones Públicas.
El decreto se sustenta en los informes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), que documentan inundaciones, deslizamientos de tierra y daños severos en viviendas, cultivos, carreteras y servicios básicos, dejando comunidades aisladas y cientos de familias desplazadas.
“La magnitud de los daños configura un escenario extraordinario que exige la activación inmediata de mecanismos excepcionales”, señala el texto oficial, subrayando el deber del Gobierno de acudir en auxilio y rescate de las comunidades afectadas.
Las provincias más golpeadas por el fenómeno son Barahona, San Cristóbal, Santo Domingo, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, Monte Plata, San Juan, Azua, Peravia, Pedernales, La Romana, Independencia, La Vega y Monseñor Nouel, además del Distrito Nacional.
La medida deberá ejecutarse, precisa el documento, “bajo los principios de necesidad, razonabilidad y supremacía del interés general”, conforme a la Constitución y la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios y Obras del Estado.
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