Santo Domingo.– Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat comparecen este martes ante el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde el juez Raymundo Mejía decidirá si existen méritos suficientes para enviarlos a juicio de fondo por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que cobró la vida de 236 personas y dejó más de 100 heridos.
El Ministerio Público los acusa de homicidio involuntario por el hecho ocurrido el 8 de abril de 2025, mientras decenas de personas disfrutaban de una fiesta amenizada por el merenguero Rubby Pérez, quien figura entre las víctimas mortales.
De acuerdo con la acusación formal depositada el 17 de noviembre de 2025, el caso ha generado al menos 346 acciones legales entre querellas, constituciones en actor civil y demandas por indemnización. Familiares de víctimas y sobrevivientes reclaman compensaciones que oscilan entre RD$50 y RD$300 millones, aunque algunas partes han alcanzado acuerdos extrajudiciales con los propietarios del centro nocturno, según confirmó el abogado Miguel Valerio, representante de Antonio Espaillat.
La Fiscalía sostiene que los imputados sobrecargaron deliberadamente la estructura del techo con aires acondicionados industriales y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia del edificio. Además, asegura que ignoraron advertencias internas sobre el avanzado deterioro de la infraestructura, priorizando el ahorro económico pese al riesgo inminente.
El expediente señala violaciones a los artículos 319 y 320 del Código Procesal Penal, y califica la conducta de los acusados como una grave negligencia con consecuencias fatales.
Otros implicados
Por el mismo caso también figuran como demandados Ana Grecia López, esposa de Antonio Espaillat; Evelyn Espaillat de Aybar y la empresa Inversiones E y L, SRL, propietaria legal de la discoteca Jet Set.
Entre las querellas más contundentes se encuentra la presentada por Cinthia Mercedes Nadal Porro, en representación de su hija fallecida, Catherine Marie Najri Nadal, quien reclama una indemnización de RD$300 millones por daños y perjuicios.
La audiencia de este martes marca el primer gran pulso judicial de un proceso que podría convertirse en uno de los más trascendentales de la historia reciente del sistema judicial dominicano.
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