Santo Domingo. La jueza Fátima Veloz, titular del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso como medidas de coerción presentación periódica e impedimento de salida del país contra los tres administradores de la empresa Comercial Barra Payán, entidad que opera los conocidos negocios Barra Payán y Panadería Payán, tras ser señalados por un presunto fraude que supera los RD$39.7 millones en perjuicio de otros socios.
Los imputados en el proceso son Marcos Antonio Frías García, Juan Ismael Frías García y Dagoberto Cabrera, quienes deberán cumplir con las medidas dispuestas por el tribunal luego de que la magistrada acogiera de manera parcial la solicitud presentada por el Ministerio Público. El órgano acusador también había solicitado que se impusiera una garantía económica, petición que no fue concedida en su totalidad.
Al término de la audiencia, los abogados de la defensa manifestaron su conformidad con la decisión del tribunal, asegurando que el caso responde a un conflicto de carácter civil y comercial, y que no existen elementos que lo vinculen con un delito penal. Asimismo, indicaron que las autoridades cuentan con un plazo de seis meses para concluir las investigaciones y presentar una acusación formal, en caso de que se determine responsabilidad.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción depositada por el Ministerio Público, los administradores habrían aprovechado su posición dentro de la empresa para ejecutar un supuesto esquema de desvío de fondos de manera sistemática. La acusación se apoya en los hallazgos de una auditoría forense realizada entre los años 2019 y 2022, la cual habría evidenciado irregularidades financieras en el manejo de los recursos de la entidad.
El expediente establece que el monto total presuntamente defraudado asciende a RD$39,784,661.18, afectando directamente a los demás socios de la compañía, identificados como Juan Santiago Frías Paulino, Juan Abraham Frías Paulino, Yeimy Cantalicia Frías Paulino y Juan Carlos Frías Beltrán, quienes figuran como querellantes en el proceso judicial.
Las autoridades continúan profundizando las pesquisas para determinar el alcance real de las operaciones denunciadas y establecer si existen otros implicados en el caso, mientras los administradores permanecen bajo las medidas impuestas por el tribunal y a la espera de la evolución del proceso.
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