Santo Domingo. La muerte de Alexander Pérez Martínez, un joven de 25 años procedente de Nagua, ha reavivado el debate sobre las condiciones sanitarias y el manejo de los detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde permaneció encerrado de manera preventiva durante unos quince días. Su fallecimiento, ocurrido dentro del área destinada a presos provisionales, ha dejado en evidencia una serie de denuncias que apuntan directamente a fallas institucionales y negligencia en la atención médica.
De acuerdo con los familiares, Alexander llegó a la celda preventiva tras ser acusado de violación y robo, cargos que —según su hermano— nunca fueron respaldados por un querellante formal. Rafael Pérez Martínez, visiblemente afectado, afirmó que la detención fue injusta desde el inicio, pues “no vino nadie, no había denunciante y no existía fundamento para mantenerlo preso”. Esta situación, asegura, agravó innecesariamente el estado de salud del joven.
El drama se intensificó dentro del recinto. Rafael relató que Alexander contrajo tuberculosis mientras permanecía en la celda, o que, si ya la padecía, esta se complicó severamente debido a la falta total de tratamiento médico. Según su testimonio, el joven presentaba síntomas alarmantes y necesitaba medicamentos, evaluación profesional y una internación urgente. Pese a ello, sostiene que las autoridades ignoraron la gravedad del cuadro y no dispusieron la asistencia básica que su condición exigía.
“Mi hermano estaba demasiado enfermo para estar preso; lo dejaron morir”, declaró entre lágrimas. Para la familia, el desenlace fue el resultado combinado de una acusación sin sustento, una detención prolongada injustificadamente y una cadena de omisiones en el deber de velar por la vida e integridad de los internos.
El caso ha generado indignación entre vecinos, allegados y defensores de derechos humanos que exigen claridad sobre el trato recibido por Pérez Martínez dentro del Palacio de Justicia. Hasta el momento, ninguna autoridad responsable del recinto ha emitido un informe oficial que explique las circunstancias exactas del fallecimiento ni que responda a las denuncias de falta de atención médica formuladas por la familia.
Mientras se esperan reacciones institucionales, el deceso de Alexander reabre la discusión sobre el hacinamiento, las condiciones insalubres y la ausencia de protocolos de salud adecuados en las celdas preventivas del sistema judicial. Para sus familiares, sin embargo, la preocupación trasciende el debate público: lo que buscan ahora es justicia, respuestas y la garantía de que ninguna otra familia tenga que vivir una tragedia similar.
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