Santo Domingo. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional decidió este martes aplazar para el próximo jueves 11 de noviembre, a las 2:00 de la tarde, la audiencia donde se conocerá la solicitud de medidas de coerción contra Santiago Hazim Albainy y otros nueve señalados de desfalcar al Estado mediante operaciones fraudulentas dentro del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público solicita para Hazim y los demás implicados 18 meses de prisión preventiva. Entre los encartados figuran Rafael Luis Martínez Hazim —fundador del centro de telemedicina MyCare—, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
La acusación los vincula con un entramado que, según el expediente de más de 500 páginas, habría sustraído más de RD$15,921 millones hasta finales de 2024. Los cargos incluyen coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos adulterados y lavado de activos.
La documentación del Ministerio Público detalla que Hazim Albainy integraba al esquema a dos colaboradoras identificadas como Johana Fernández y Johanna Grullón, quienes acudían a reuniones portando listas de prestadores que debían ser aprobados por instrucciones directas del entonces director del SeNaSa.
Los fiscales sostienen que el grupo operaba de manera coordinada para aprobar contratos a prestadores sin cumplir los requisitos técnicos y legales, bajo justificaciones como “aportó en la campaña” o “hay que ayudarlo”.
El expediente atribuye al consultor jurídico Germán Robles un rol decisivo, señalando que influía en la aprobación de prestadores “favorecidos” y gestionaba contratos fuera de los procedimientos establecidos. También se menciona al gerente de salud, Francisco Iván Minaya, cuya función consistía en homologar acuerdos y encabezar las reuniones del Comité de Contrataciones de Prestadores.
En tanto, al gerente de atención al usuario, Roberto Canaán, se le acusa de presionar habilitaciones y ampliaciones sin la documentación requerida; y a la gerente de afiliación, Carmen José Velázquez, de validar y firmar actas que contenían decisiones previamente pactadas con Hazim.
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