Por Ariel Cabral.
Santo Domingo. El obispo de la Diócesis Stella Maris, monseñor Manuel Ruiz de la Rosa, fijó este lunes su posición respecto al caso de corrupción administrativa que involucra al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al tiempo que formuló una serie de observaciones y propuestas dirigidas al Ministerio Público, al Poder Judicial y al presidente de Luis Abinader.
“La sociedad dominicana espera una justicia imparcial, proporcional y ejemplar, que coloque la dignidad humana y el bien común por encima de cualquier interés particular”, expresó el purpurado, quien propuso la creación de una Unidad de Inteligencia y Contrainteligencia adscrita directamente al despacho presidencial, con la misión de dar seguimiento al accionar de los funcionarios públicos y sin exposición mediática.
Dirigiéndose al presidente Luis Abinader, monseñor Ruiz exhortó a no confiar en vínculos personales o partidarios, sino a fortalecer controles efectivos y permanentes. El prelado precisó que, aunque la etapa procesal actual no aborda el fondo del expediente, sino la coerción para garantizar la presencia de los imputados, considera indispensable evaluar la proporcionalidad, coherencia y equidad de las medidas solicitadas.
En ese sentido, monseñor Ruiz expresó preocupación por lo que calificó como trato desigual entre imputados. Señaló que, mientras se dictó prisión preventiva por 18 meses para siete de los encartados, otros tres han recibido un trato menos gravoso, pese a su presunto nivel de responsabilidad. “La justicia, recordó, debe aplicarse con los ojos vendados, sin privilegios ni concesiones selectivas”, afirmó.
El obispo cuestionó que la cooperación tardía de algunos imputados sea utilizada como fundamento suficiente para beneficios procesales, subrayando que la pena debe ser proporcional al daño causado, especialmente cuando se alega un perjuicio de magnitud millonaria con posibles consecuencias humanas. Asimismo, instó a ampliar las investigaciones para determinar si los hechos se repitieron en otras instituciones del Estado.
Finalmente, el obispo advirtió que una justicia percibida como selectiva o complaciente envía un mensaje nocivo a la sociedad, al sugerir que los grandes fraudes pueden resolverse mediante acuerdos que no reflejan la gravedad del daño causado. No obstante, sostuvo que el Ministerio Público tiene hoy la oportunidad de reivindicarse, actuar con firmeza y recuperar la credibilidad social, aprendiendo de errores pasados en otros procesos de corrupción.
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