Santo Domingo. Participación Ciudadana, capítulo dominicano de Transparencia Internacional, manifestó este jueves su profunda preocupación por la crisis persistente que afecta al sector eléctrico nacional, señalando que, pese a cuantiosas inversiones y subsidios, la situación ha empeorado, con prolongados apagones, pérdidas millonarias y un fuerte impacto en la economía popular.
La entidad indicó que desde agosto el país enfrenta interrupciones de hasta 12 horas diarias, lo que ha convertido este verano en un “infierno” para las familias dominicanas, además de provocar protestas generalizadas en distintos puntos del territorio.
De acuerdo con datos del Ministerio de Energía y Minas, entre enero y agosto de 2025 el Gobierno destinó más de RD$62,000 millones al subsidio eléctrico, cifra que representa cerca del 60% de los subsidios estatales ejecutados en ese período y que supera las inversiones en áreas estratégicas como salud y programas sociales. Sin embargo, las pérdidas energéticas aumentaron de 36.9% en 2024 a 37.6% en 2025.
“Esto significa que por cada RD$100 invertidos, alrededor de RD$38 se pierden por fraudes, conexiones ilegales y deficiencias técnicas”, apuntó la organización.
Un problema estructural sin resolver
Participación Ciudadana recordó que el sector eléctrico arrastra una crisis estructural que trasciende lo técnico y lo financiero. A septiembre de 2024, existían más de 800,000 conexiones ilegales al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), equivalentes al 25% de los clientes formales. Aunque en agosto de 2025 la cifra bajó a 650,000, la organización consideró que sigue siendo alarmante.
Asimismo, denunció la existencia de mafias compuestas por funcionarios públicos, familiares de políticos y empresas creadas para sustraer recursos, que habrían generado pérdidas millonarias y mantenido a la ciudadanía sometida a prolongados apagones.
La organización también advirtió que las irregularidades en el sector se reflejan en las cifras de las empresas distribuidoras (EDES), que entre enero y mayo de 2025 reportaron pérdidas del 41.7% del suministro eléctrico.
En ese contexto, pidió que la aplicación del Decreto 517-25, que declara en emergencia aspectos clave del sector eléctrico, se ejecute con “estrictos controles institucionales” para evitar que se convierta en un espacio de corrupción, sobrevaluaciones y privilegios indebidos.
Recomendaciones
La organización planteó al Gobierno una serie de medidas urgentes, entre ellas:
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Transparentar la gestión de las EDES mediante la publicación mensual de informes operativos y financieros.
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Despolitizar el sector eléctrico para erradicar el sobreempleo y el tráfico de influencias.
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Realizar auditorías independientes a contratos, pérdidas, fraudes e inversiones, como el caso de EDEESTE.
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Redefinir la política de subsidios, priorizando programas focalizados como Bono Luz a través del SIUBEN.
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Establecer metas anuales de reducción de pérdidas con monitoreo multisectorial.
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Intensificar la lucha contra el fraude eléctrico mediante campañas de regularización, sanciones efectivas y sometimiento a la justicia de los responsables.
Participación Ciudadana concluyó reafirmando su compromiso con la vigilancia cívica, el uso ético de los recursos públicos y la promoción de políticas que fortalezcan la transparencia y la equidad en beneficio de toda la ciudadanía.
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