Santo Domingo. El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional, Rafael Paz, advirtió que la República Dominicana atraviesa un momento crítico como consecuencia de lo que calificó como la mala gestión del gobierno, y subrayó que los problemas del país no se deben a fallas de comunicación, sino a decisiones administrativas ineficientes y descoordinadas.
“La República Dominicana está al revés. Lo hemos advertido una y otra vez: el problema de este gobierno no es de comunicación, es de gestión”, enfatizó Paz, quien manifestó su profunda preocupación por las repercusiones que esta situación tiene sobre la vida diaria de los ciudadanos.
El dirigente político detalló los principales efectos de la deficiente gestión gubernamental, destacando que la baja inversión pública se traduce en menos obras y en retrasos significativos en proyectos de infraestructura esenciales para el desarrollo del país; que la morosidad histórica en la banca mantiene a numerosas familias en un estado de ahogo financiero, limitando su capacidad para cumplir con sus compromisos; y que la escalada de precios y la carestía de productos genera creciente desesperación en la población, afectando directamente la calidad de vida de los dominicanos.
Asimismo, Paz alertó sobre el colapso de los pequeños productores, un fenómeno que refleja el fracaso en la planificación agrícola y que impacta de manera directa la seguridad alimentaria del país, debilitando la economía local y aumentando la vulnerabilidad de los sectores más dependientes de la producción nacional.
El presidente de la Fuerza del Pueblo en el Distrito Nacional enfatizó que la nación carece de una dirección clara, que los resultados de la administración son mediocres y que, en consecuencia, el pueblo es quien paga el costo de la ineptitud y la falta de coordinación gubernamental.
“Es urgente implementar una gestión eficiente, responsable y transparente, que coloque al pueblo y al desarrollo del país como prioridad”, concluyó Paz, haciendo un llamado a un cambio profundo en la manera de conducir los asuntos públicos y a la adopción de medidas que restauren la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado.
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