Santo Domingo. A nueve meses del derrumbe que estremeció a la República Dominicana y dejó 236 vidas truncadas, la tragedia del Jet Set abandona el terreno del duelo colectivo para adentrarse en uno de los momentos más determinantes de su recorrido judicial.
Este lunes 12 de enero, el Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional celebrará la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del emblemático centro nocturno, acusados de responsabilidad penal en el colapso del techo que convirtió una noche de música en una escena de horror nacional.
El expediente fue asignado al juez Raymundo Mejía tras un sorteo computarizado, conforme al procedimiento dispuesto por la jueza coordinadora Kenya Romero, luego de que el Ministerio Público formalizara la acusación. La investigación, liderada por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, junto a la fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, sostiene que la tragedia fue el resultado de una peligrosa cadena de omisiones, negligencias y decisiones administrativas.
Según la acusación, los hermanos Espaillat enfrentan cargos por homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, contemplados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano. El Ministerio Público alega que la estructura del local fue sobrecargada con equipos de aire acondicionado de gran peso y tinacos de agua, sin estudios técnicos que certificaran la capacidad del techo para soportar dichas cargas.
El expediente también señala que existían advertencias previas sobre el deterioro progresivo de la estructura, alertas que —según los fiscales— habrían sido ignoradas para evitar gastos adicionales, priorizando criterios económicos por encima de la seguridad de empleados y clientes.
Pese a la gravedad de los señalamientos, los imputados han reiterado públicamente su confianza en el proceso judicial y aseguran que la verdad prevalecerá en los tribunales.
Mientras tanto, el espacio físico donde funcionó el Jet Set, en la avenida Independencia, se ha transformado en una silenciosa “zona cero”. Custodiado y clausurado, el lugar se ha convertido en un santuario improvisado donde la ciudadanía deposita velas, flores y mensajes de fe y memoria. Entre los nombres que permanecen visibles destaca el del merenguero Rubby Pérez, fallecido sobre el escenario, símbolo del dolor artístico y humano que dejó la tragedia.
Más allá de los estrados, el caso del Jet Set se ha consolidado como un punto de quiebre en el debate nacional sobre la seguridad en locales de uso público y la responsabilidad penal y moral de quienes los administran.
La audiencia preliminar del lunes no solo definirá si el caso avanza a juicio de fondo, sino que marcará un hito en la búsqueda de justicia para las víctimas, los sobrevivientes y un país que, nueve meses después, sigue exigiendo respuestas frente al silencio de una estructura que nunca volvió a levantarse.
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