SANTO DOMINGO.– El pleno de la Suprema Corte de Justicia se apresta a decidir este jueves si la jueza Isis Muñiz permanecerá o será apartada del conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, señalado por presuntamente recibir 10 mil dólares como dádiva de un testigo del Ministerio Público.
La magistrada fue objeto de recusación por parte de la defensa del encartado, la cual sostiene que su participación en un elemento probatorio determinante —concretamente en la entrega vigilada del supuesto dinero ilícito— comprometería su objetividad e imparcialidad para continuar conociendo el proceso.
Según expusieron los abogados del imputado, la juzgadora habría tenido contacto directo con evidencias sensibles, incluyendo el dinero, grabaciones y otros elementos que, alegan, ni siquiera han sido plenamente accesibles para la defensa, lo que, a su juicio, vulnera el equilibrio procesal.
La recusación fue elevada ante el máximo tribunal, que designó al juez Francisco Jerez Mena para analizar el expediente y rendir un informe con su recomendación al pleno.
En tanto, el Ministerio Público argumenta en su solicitud de coerción que Valdez Alcántara habría ejercido presiones directas sobre el testigo Roberto Canaán, con el objetivo de obtener beneficios económicos a cambio de incidir en un proceso vinculado a presuntos actos de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El expediente indica que el imputado habría insistido reiteradamente para materializar el pago exigido y que, el pasado 18 de marzo, increpó al testigo con la expresión: “¿Para cuándo está la cosa?”, estableciendo además un plazo para la entrega del dinero.
Las investigaciones también revelan que el fiscal presuntamente se valió de información privilegiada sobre relaciones personales y bienes del testigo para colocarse en una posición de ventaja durante la negociación.
De acuerdo con la acusación, Valdez Alcántara habría planteado modificar el curso del proceso a cambio de una retribución económica que inicialmente ascendería a 200,000 dólares, monto que posteriormente habría sido reducido a 150,000.
Asimismo, se señala que el encartado habría requerido, como parte del supuesto acuerdo irregular, un reloj de alta gama marca Rolex y un vehículo Mercedes-Benz, modelos 350 o 450.
El órgano acusador ha solicitado como medida de coerción la imposición de un año de prisión preventiva, mientras continúan las pesquisas en torno al caso.
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