El secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores del Transporte Social Cristianos, Mario Díaz, manifestó su enérgico rechazo ante el trágico suceso registrado recientemente en Santiago, donde un chofer de un camión recolector de desechos perdió la vida tras ser atacado por un grupo de motoconchistas, luego de un altercado vial.
Díaz calificó el hecho como de suma gravedad, al considerar que pone en evidencia la responsabilidad de los dirigentes y actores vinculados al sistema organizado de motoconchos, a quienes atribuye haber tolerado conductas contrarias a las normas de tránsito.
Enfatizó que la protección de la integridad física y la seguridad ciudadana debe prevalecer por encima de cualquier circunstancia, y advirtió que este tipo de episodios deja al descubierto fallas estructurales en la supervisión del transporte informal.
“El país no puede continuar permitiendo que disputas en las vías públicas desemboquen en agresiones colectivas con consecuencias fatales. Este caso, ocurrido en Santiago, debe ser objeto de una investigación rigurosa y con todo el peso de la ley, garantizando sanciones ejemplares conforme al marco jurídico vigente”, sostuvo.
El dirigente sindical subrayó que la situación del sector motoconcho representa un reto significativo en términos de respeto a la normativa de tránsito, uso adecuado del espacio público y responsabilidad penal individual. En ese sentido, consideró imprescindible que las autoridades refuercen la aplicación efectiva de las leyes, a fin de evitar la impunidad y consolidar un entorno de orden y legalidad.
Propuestas de reforma
Como parte de sus planteamientos, Díaz sugirió la implementación de un proceso de transformación integral del sistema de motoconchos, que contemple la formalización obligatoria de sus operadores, una regulación más estricta de las paradas, la identificación plena de los conductores y el establecimiento de mecanismos permanentes de supervisión.
De igual modo, instó a revisar las políticas públicas relacionadas con el crecimiento desorganizado del parque de motocicletas, indicando que cualquier intervención debe fundamentarse en criterios técnicos, legales y sociales orientados a disminuir los accidentes de tránsito y evitar el uso de estos vehículos en actividades ilícitas.
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