SANTO DOMINGO.– La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, aseguró que el Ministerio Público mantendrá sin retrocesos su lucha contra la corrupción administrativa y reiteró que la institución continuará utilizando todos los mecanismos legales disponibles para perseguir los delitos que afecten el patrimonio público.
A través de un comunicado, la magistrada afirmó que el combate a la corrupción constituye una responsabilidad irrenunciable del órgano persecutor y una convicción que ha guiado su trayectoria profesional. Enfatizó que la corrupción trasciende el ámbito penal, al considerar que impacta directamente derechos fundamentales de la población al privar al Estado de recursos destinados a áreas esenciales como salud, educación, seguridad y desarrollo social.
Reynoso sostuvo que cada peso sustraído de las arcas públicas representa una reducción de oportunidades para los ciudadanos y una afectación al bienestar colectivo, por lo que insistió en que el Ministerio Público no renunciará a su deber de investigar y perseguir estos hechos.
Al referirse a recientes decisiones judiciales relacionadas con casos de presunta corrupción, explicó que la institución tiene el deber constitucional de recurrir aquellas resoluciones que considere contrarias al derecho o insuficientemente fundamentadas. Indicó que ha participado de manera directa en investigaciones relevantes y conoce de primera mano las evidencias recopiladas por los equipos de fiscales.
En ese contexto, defendió la decisión de apelar determinados autos de no ha lugar, al considerar que existen elementos probatorios suficientes para que los hechos sean conocidos en un juicio de fondo. Según manifestó, las investigaciones contienen testimonios, documentos y otras evidencias que, a juicio del órgano acusador, sustentan las imputaciones formuladas.
La procuradora afirmó que algunas de las decisiones emitidas presentan deficiencias procesales que deberán ser examinadas por instancias superiores, al tiempo que reiteró la confianza del Ministerio Público en que los tribunales correspondientes evaluarán los recursos conforme a las disposiciones legales vigentes.
Asimismo, señaló que las acusaciones formuladas por la institución son públicas y están respaldadas por un amplio volumen de pruebas. Indicó que entre las evidencias figuran declaraciones de imputados y movimientos de recursos que, según las investigaciones, estarían vinculados a actos de corrupción administrativa.
Reynoso también respondió a las críticas dirigidas contra el Ministerio Público, asegurando que la institución mantendrá su independencia y que no se dejará influenciar por campañas de descrédito o intentos de desacreditar las investigaciones en curso.
“Quienes apuestan por la impunidad pueden continuar promoviendo ataques y desinformación, pero nuestra responsabilidad es seguir actuando conforme a la Constitución y la ley”, expresó la funcionaria, quien reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.
Al presentar un balance de resultados, destacó que los procesos impulsados por el Ministerio Público han involucrado a centenares de personas físicas y jurídicas, así como la obtención de decenas de condenas y aperturas a juicio. Además, resaltó el decomiso de más de seis mil millones de pesos en bienes y recursos vinculados a actividades ilícitas.
La procuradora valoró igualmente la puesta en marcha de instrumentos legales como la Ley de Extinción de Dominio y las reformas en materia de contrataciones públicas, iniciativas que, según afirmó, fortalecen las capacidades del Estado para prevenir y sancionar la corrupción.
Pese a los avances alcanzados, reconoció que persisten desafíos históricos y estructurales que exigen una actuación constante de las autoridades. En ese sentido, sostuvo que la pasividad frente a los actos de corrupción representa una amenaza para el desarrollo institucional y económico del país.
Finalmente, garantizó que el Ministerio Público continuará impulsando los casos bajo su responsabilidad hasta las últimas consecuencias legales, con el objetivo de proteger los recursos públicos y promover una justicia orientada al bienestar de la ciudadanía.
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