La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, informó que en lo que va de 2026 se han registrado 57 feminicidios en el país, de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República (PGR). Los datos fueron presentados durante un taller de capacitación sobre el nuevo Código Penal dirigido a periodistas de la fuente judicial.
La magistrada explicó que el feminicidio se configura cuando una mujer es asesinada por su pareja o expareja por razones de género, sin importar la duración de la relación o la edad de la víctima. Con la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, este delito conlleva una pena de hasta 40 años de prisión.
Según detalló, en 23 de los casos documentados este año los agresores utilizaron armas blancas, mientras que en 19 se emplearon armas de fuego. Otros seis feminicidios fueron cometidos por asfixia y cuatro mediante el uso de combustibles, mientras que los restantes involucraron objetos contundentes o sustancias tóxicas.
Las estadísticas también revelan que en 35 de los casos el agresor mantenía una relación de pareja con la víctima al momento del crimen, mientras que en 17 se trataba de una expareja. Reynoso señaló además que cerca del 23 % de los responsables de feminicidios terminan quitándose la vida tras cometer el hecho.
Entre las novedades introducidas por el nuevo Código Penal figura la tipificación de la violación de una orden de protección como un delito autónomo. La procuradora indicó que esta conducta será castigada con penas de entre dos y cinco años de prisión, independientemente de que esté vinculada a otros delitos.
Asimismo, explicó que si una persona incumple una orden de protección y posteriormente comete un feminicidio, la legislación considerará el hecho como un feminicidio agravado, lo que conllevará consecuencias penales más severas.
Otro de los cambios destacados es la incorporación de la violencia económica y patrimonial como modalidades de violencia de género e intrafamiliar. Estas figuras contemplan acciones destinadas a controlar recursos financieros, restringir el acceso al dinero o apropiarse de bienes con el propósito de ejercer poder o dominación sobre la víctima.
Reynoso sostuvo que estas disposiciones responden a la realidad que enfrenta el país, donde cada año se reciben alrededor de 73,000 denuncias relacionadas con violencia de género e intrafamiliar. De acuerdo con la funcionaria, más del 90 % de las víctimas corresponden a mujeres, lo que justificó la adopción de mecanismos de protección diferenciados respaldados por el Tribunal Constitucional.
En materia de delitos sexuales, la procuradora destacó que el nuevo Código Penal establece plazos especiales de prescripción. Las agresiones sexuales cometidas contra menores podrán ser perseguidas hasta 30 años después de que la víctima alcance la mayoría de edad, mientras que en los casos de adultos el plazo será de 20 años. La medida busca facilitar el acceso a la justicia para personas que tardan años en denunciar los abusos sufridos debido a las secuelas psicológicas y emocionales que estos generan.
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