La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que la suspensión de oficio del Registro de Proveedores del Estado (RPE) de once senadores responde a la aplicación de la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas, vigente desde enero de este año, la cual establece nuevas restricciones para funcionarios electos y designados.
La entidad explicó que el nuevo marco legal introduce un régimen de inhabilidades absolutas que impide a los servidores públicos comprendidos en la normativa participar en sociedades comerciales vinculadas a contrataciones con el Estado, independientemente del porcentaje accionario que posean. Asimismo, prohíbe que ocupen cargos de dirección, gerencia o formen parte de consejos de administración mientras ejerzan funciones públicas.
La DGCP recordó que el 13 de febrero emitió la circular DGCP44-PNP-2026-001, mediante la cual otorgó un plazo de 15 días hábiles para que los funcionarios afectados solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros. Vencido ese período, la institución procedió a realizar las suspensiones de oficio, conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Aplicación núm. 52-26.
Según precisó el organismo, las verificaciones que dieron origen al acto administrativo mediante el cual fueron suspendidos los registros forman parte de los procedimientos habituales de control, fiscalización y depuración que se realizan para garantizar la transparencia y la integridad del sistema de proveedores del Estado.
La institución enfatizó que estas medidas no constituyen sanciones ni acciones disciplinarias contra los funcionarios involucrados. Por el contrario, indicó que se trata de disposiciones de carácter preventivo y administrativo orientadas a asegurar el cumplimiento de las incompatibilidades establecidas por la legislación vigente.
La DGCP destacó además que desde la entrada en vigor de la Ley 47-25 ha emitido tres actos administrativos mediante los cuales se ha ordenado la suspensión de oficio de 81 registros de proveedores pertenecientes a funcionarios electos y designados.
Asimismo, recordó que bajo la anterior Ley 340-06 también se ejecutaron procesos similares. Entre 2020 y 2025 fueron suspendidos de oficio 591 registros de proveedores correspondientes a funcionarios de primer y segundo nivel jerárquico, autoridades municipales y empresas vinculadas a estos servidores públicos.
Con estas acciones, el órgano rector asegura que busca fortalecer los mecanismos de transparencia, prevenir conflictos de interés y garantizar que las contrataciones públicas se desarrollen bajo los principios de legalidad, igualdad y libre competencia establecidos en la normativa dominicana.
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