Santo Domingo. Luego de semanas marcadas por denuncias comunitarias y manifestaciones de rechazo, el presidente Luis Abinader dispuso la suspensión inmediata de toda actividad vinculada al proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan.
El mandatario explicó que la medida se fundamenta en lo estipulado por la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual establece que iniciativas de esta magnitud pierden viabilidad cuando enfrentan un rechazo contundente por parte de la población.
“Este Gobierno presta oído. Escucha con detenimiento, con respeto y con sentido de responsabilidad. Cuando la ciudadanía manifiesta inquietudes, corresponde actuar con sensatez y transparencia”, afirmó el jefe de Estado.
A través de un mensaje divulgado en sus plataformas digitales, Abinader aclaró que, durante su administración, el proyecto se ha mantenido exclusivamente en etapa de evaluación ambiental, sin contar con autorización para su explotación.
Asimismo, recordó que la iniciativa no es reciente, ya que tiene su origen en concesiones de exploración otorgadas en 2005 y ratificadas en 2010, durante la gestión del expresidente Leonel Fernández. Posteriormente, entre 2015 y 2018, bajo el gobierno de Danilo Medina, dichas concesiones fueron renovadas y se aprobaron estudios técnicos que delimitaron el alcance del proyecto.
La decisión gubernamental se produce tras una masiva movilización realizada el pasado domingo, en la que cientos de ciudadanos expresaron su oposición al desarrollo minero en la zona.
La manifestación, que combinó marcha y caravana, partió desde el Arco del Triunfo en San Juan de la Maguana y recorrió diversas vías del municipio hasta concentrarse en el muro de la presa de Sabaneta, donde los participantes reiteraron su rechazo al proyecto Romero, localizado en la Cordillera Central.
Dicha iniciativa era impulsada por la empresa canadiense GoldQuest Mining Corp, a través de su filial en República Dominicana. El proyecto contempla la explotación de un yacimiento de oro, cobre y plata, con reservas estimadas en 1.1 millones de onzas, valoradas en aproximadamente 5,000 millones de dólares, según la compañía.
La empresa proponía desarrollar la extracción mediante minería subterránea, alegando que este método generaría un impacto ambiental menor en comparación con la minería a cielo abierto.
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